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Noticias de Rio Negro
Israel ataca un yacimiento gasífero clave de Irán y escala la tensión con Qatar: “Es peligroso e irresponsable”
Irán ha calificado el ataque, del que responsabiliza a EE.UU. y a Israel, como un "crimen de guerra" y ha advertido de que "no quedará impune"
La guerra en Irán abre las primeras fracturas en el Gobierno de Trump mientras se aleja una salida negociada
Israel y Estados Unidos atacaron este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye –costa sur–, según informa la agencia iraní Tasnim. Pars Sur se trata del mayor yacimiento de gas del mundo, que representa una gran parte de las exportaciones. Su parte sur se encuentra en aguas territoriales iraníes, mientras que su parte norte pertenece a Qatar.
El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declara un responsable de seguridad de Busher, la ciudad en la que se encuentra la refinería, del que la agencia no especifica su nombre. El responsable alerta a los ciudadanos de que se abstengan de acercarse al lugar del incidente y mantengan la calma.
Fuentes israelíes han asegurado a Axios que el ataque se ha coordinado con la Administración Trump y cuenta con su aprobación.
El ataque enfureció a Qatar, que apunta a Israel y lo califica como un paso “peligroso e irresponsable”. “Los ataques israelíes contra instalaciones vinculadas al yacimiento Pars Sur de Irán, una extensión del yacimiento North Field de Qatar, constituyen una medida peligrosa e irresponsable en medio de la actual escalada militar en la región”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al Ansari , en X. En el comunicado hace un llamamiento a todas las partes para que actúen “con moderación” y respeten el derecho internacional, y les pide que trabajen para rebajar las tensiones “de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad de la región”. “Atacar las infraestructuras energéticas constituye una amenaza para la seguridad energética mundial”, dice.
El Ejército iraní ha calificado el ataque del que responsabiliza a EEUU e Israel contra unas refinerías de gas en el sur del país persa como un “crimen de guerra” y ha advertido de que “no quedará impune”, además de amenazar con atacar “infraestructura enemiga que antes se consideraba segura”. Así lo indica la agencia oficial de noticias Fars, citando a “fuentes relacionadas con el Ejército iraní”.
La misma fuente añade que, con estos ataques, “el péndulo de la guerra” cambiará, “pasando de batallas limitadas a una guerra económica a gran escala”.
“A partir de esta noche, las demás líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensó que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para que cediera, se equivocó fatalmente en sus cálculos, pues esta acción le ha dado a Irán una baza crucial: la reciprocidad”, advierte.
El Gobierno maquilla el Plan de Inteligencia y dilata la presentación de una ley que reestructure la SIDE
La avanzada reestructuradora del asesor sin firma entró en compás de espera. El Plan de Inteligencia, que había sido cuestionado por abrirle la puerta al espionaje interno, recibió modificaciones. El DNU 941, mientras tanto, continúa firme, pero en el Gobierno no consideran que es una prioridar blindarlo con una ley.
La avanzada reestructuradora de Santiago Caputo en la SIDE entró en un compás de espera. El asesor sin cargo quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración del video de Manuel Adorni subiéndose a un avión privado rumbo a Punta del Este, y los rumores sobre un descabezamiento político en la agencia de Inteligencia se multiplicaron. Karina Milei tiene echado el ojo a la SIDE, aunque aún no intervino activamente. Pero una cosa es segura: las dos grandes iniciativas de Caputo en materia de Inteligencia –el nuevo Plan de Inteligencia Nacional y el proyecto de ley que venía a blindar el polémico DNU 941– comenzaron a desinflarse.
El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) había sido delineado por el ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert, mucho antes de la escena nocturna que reveló elDiarioAR y que implicó, de hecho, la ruptura del conductor político de la SIDE con su alfil en la dirección del organismo. Filtrado por La Nación poco después de su presentación, el PIN de Neiffert despertó las alarmas de la oposición y las organizaciones de derechos humanos por abrirle la puerta a tareas de espionaje interno.
El documento, al que accedió este medio, admitía “producir información” sobre “actores estratégicos” que pretendieran “erosionar el sistema financiero” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del presidente. También habilitaba recabar información sobre “actores estratégicos” que difundieran información falsa de manera deliberada con el objetivo de “influir o manipular” la opinión pública. O, incluso, sobre aquellos “actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos”.
Las ambigüedades del PIN, que es lo que define los objetivos generales estratégicos de inteligencia y las acciones operativas para llevarlos a cabo, despertaron un mismo reclamo: sin saber a qué se refería por “actores estratégicos”, cualquier periodista u opositor al Gobierno podía ser sujeto de espionaje interno (algo prohibido por la Ley de Inteligencia). La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia así se lo advirtió a Neiffert y emitió, durante el mes de septiembre, un dictamen crítico al documento. En ese momento todavía la presidía el ex senador Martín Lousteau, que hoy pasó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.
La advertencia de la Bicameral, que es la encargada de supervisar las actividades y recursos del sistema de inteligencia nacional, surtió efecto. Y dos meses después, Neiffert presentó un nuevo PIN que incluía modificaciones sobre algunos de los puntos más conflictivos.
En primer lugar, el nuevo PIN eliminó las alusiones a la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Un dato no menor en el marco del alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump en la escalada bélica en Medio Oriente. Si bien en la oposición descuentan que la SIDE ya viene trabajando hace tiempo con los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, el PIN, de momento, no hace mención explícita a producir información sobre actores que perjudiquen la relación de la Argentina con ambos países.
La otra gran modificación es que el nuevo PIN ya no hace ninguna alusión a “actores estratégicos” que pudieran incidir sobre la percepción pública o propiciar escenarios de inestabilidad. Esta era la gran imprecisión que le abría la puerta al espionaje político, según advertían los expertos. “La nueva redacción, en cambio, abandona la individualización de sujetos y focaliza el análisis en conductas, procesos o campañas con origen fuera del ámbito nacional”, explica uno de los integrantes de la Bicameral que tuvo acceso al nuevo documento.
El maquillaje introducido en el nuevo plan de inteligencia representa, para la oposición, una concesión de Neiffert orientada a dejar “todo en orden” antes de su partida. Pero no solo eso: algunos dirigentes que integraron la Bicameral hasta el año pasado –la nueva composición todavía no se oficializó– deslizan que fue Santiago Caputo quien accedió a dar marcha atrás para no tener problemas judiciales. No solo por los cambios en el PIN, que se dieron a conocer en noviembre, sino también por la búsqueda de impulsar una ley que blinde el DNU 941 que reestructuró la SIDE.
“Está preparando el terreno para desaparecer con la menor cantidad de problemas judiciales posibles”, señalaban desde una oficina con vínculos con servicios de inteligencia, donde advierten que el asesor todoterreno está de salida. Los rumores de que Cristian Auguadra, el actual “Señor 5”, tiene los días contados son cada vez más fuertes: un sector del karinismo responsabiliza a Caputo por la filtración del video, por lo que la hermana presidencial ya comenzó a evaluar la posibilidad de desembarcar en la SIDE.
¿Y la nueva ley de Inteligencia?
Tal como anticipó Pedro Lacour hace casi un mes, el Gobierno definió blindar con un proyecto de ley el polémico DNU 941 que reestructuró la SIDE. El objetivo de impulsar una nueva Ley de Inteligencia era doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Y, por el otro, sustituir una ley concebida en un contexto completamente distinto. Es decir: la ley sancionada en 2001 había quedado “vieja” y había que actualizarla.
Más allá del interés del Gobierno por aggiornar el sistema de inteligencia argentino a los tiempos modernos, la principal preocupación de Caputo pasa por otro lado: resguardar judicialmente el DNU que, entre otras cosas, habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia. Una facultad reservada, hasta ahora, para las fuerzas de seguridad.
Desde la publicación del DNU, a principios de enero, llovieron amparos y presentaciones judiciales que solicitaban la suspensión inmediata del decreto. Entre los fundamentos, los escritos judiciales no sólo advertían sobre las cuestiones de fondo –el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derivase, por ejemplo, en una lógica de vigilancia política–, sino también en las de forma. El Gobierno, argumentaban, no había acreditado nunca una situación real de necesidad y urgencia.
El caputismo argumentó, en su momento, que la reforma del sistema de inteligencia era “urgente” debido al contexto internacional vigente y que no se podía esperar hasta que se habilitaran las sesiones ordinarias. Se mencionó, incluso, el secuestro de Nicolas Maduro como un argumento para apurar los tiempos.
Pasaron dos meses, sin embargo, y el proyecto de ley no apareció. En el caputismo advierten que el proyecto “está en carpeta” y que se discutirá en los próximos meses. Pero tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada el martes, no hubo mención alguna de la iniciativa. Las prioridades, según se encargó de enumerar Adorni, eran otras. Y la ley de Caputo no era una de ellas.
MCM/CRM
El Gobierno presentó un paquete de reformas de leyes y vuelve a presionar con Discapacidad
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó los próximos pasos del oficialismo tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada.
Las modificaciones a la ley de Discapacidad y al proyecto de Financiamiento Universitario figuran entre las iniciativas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso con el objetivo de “compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”. También se prevén cambios en la ley de Glaciares, según adelantaron fuentes oficiales.
Estas definiciones surgieron de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno que encabezó este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, donde se delinearon las principales prioridades de la agenda legislativa para 2026.
Durante el encuentro, además, se avanzó en la elaboración del paquete de proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento. Entre las iniciativas centrales figuran la reforma del Código Penal -con foco en el endurecimiento de las penas- y un conjunto de leyes vinculadas a la defensa de la propiedad privada.
Ese paquete incluirá, entre otras medidas, modificaciones a la ley de expropiaciones, la ley de tierras y la ley de fuegos, así como un proyecto de regularización dominial orientado a la integración socio-urbana.
La reunión se desarrolló en medio de un contexto político complejo para el oficialismo, tras la difusión de nuevas pruebas en la causa $LIBRA y a pocos días de la polémica generada por el vuelo a Punta del Este que Adorni realizó junto a su familia.
El encuentro se extendió durante dos horas en las oficinas de la planta baja de la Casa Rosada. Participaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien busca ordenar la estrategia parlamentaria para avanzar con la media sanción pendiente de la ley de Glaciares.
En términos formales, el encuentro permitió al oficialismo delinear las claves de su agenda legislativa y comenzar a diagramar las negociaciones políticas que deberán encarar los referentes designados por el presidente para avanzar con los proyectos en el Congreso.
Justicia
En paralelo, Juan Bautista Mahiques mantuvo una reunión con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, ante quienes ratificó el compromiso del Gobierno de avanzar con la cobertura de vacantes judiciales.
El funcionario planteó la necesidad de completar más de 300 cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida que el Ejecutivo considera clave para normalizar el funcionamiento del sistema judicial.
El encuentro también funcionó como una instancia de contención política luego de una de las semanas más complejas para el Gobierno en el plano mediático y judicial. En los últimos días se conocieron nuevos elementos en la causa $LIBRA, a partir de peritajes realizados al teléfono de Mauricio Novelli que revelarían supuestas conversaciones con funcionarios del Gobierno durante la noche del 14 de febrero de 2025.
La reunión de la mesa política fue además la primera luego de los cambios en el Gabinete que implicaron la salida de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia. Ambos fueron reemplazados por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, designaciones que contaron con el aval de Karina Milei. Según fuentes oficiales, los cambios en el área podrían continuar en los próximos días, ya que la secretaria general de la Presidencia supervisa de cerca distintas áreas de la administración con el objetivo de reorganizar equipos y ampliar su influencia dentro del Gobierno.
Con información de la agencia NA
Dieron a conocer los nombres de las 12 personas identificadas a partir de los restos hallados en La Perla
El Equipo Argentino de Antropología Forense logró poner nombre a restos hallados en Córdoba. Familiares destacaron el valor de la ciencia y la lucha colectiva para cerrar duelos y reclamar verdad y justicia.
A días de cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, la Justicia federal dio a conocer la identidad de 11 de las 12 personas cuyos restos fueron hallados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.
El trabajo, encabezado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), permitió avanzar en la identificación de víctimas desaparecidas desde la década del 70 y abrir una nueva etapa para sus familias, atravesada por el duelo, pero también por la certeza.
El anuncio fue realizado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien precisó que una de las familias solicitó mantener en reserva el nombre de su familiar. Los identificados son Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María o Cecilia María Carranza -sin poder determinar cuál de las hermanas mellizas-, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez y Sergio Julio Tissera.
Los restos habían sido encontrados durante excavaciones realizadas en 2025 en la zona conocida como “Loma del Torito”, dentro de un predio de más de 14 mil hectáreas en La Calera, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos del país entre 1976 y 1978. Según reconstrucciones basadas en testimonios y archivos, en ese lugar se habrían realizado enterramientos clandestinos de personas detenidas-desaparecidas.
El EAAF encabezó los trabajos de búsqueda y análisis con el apoyo de organismos judiciales y universidades, logrando identificar restos óseos que se encontraban fragmentados y mezclados. Para este año está previsto continuar con las tareas de excavación en el área.
Durante la conferencia de prensa en Córdoba, familiares de las víctimas compartieron su emoción y remarcaron la importancia del hallazgo. Los testimonios coincidieron en destacar el rol de los organismos de derechos humanos y la persistencia de una lucha que lleva décadas. También hubo llamados a quienes aún no aportaron información genética para avanzar en nuevas identificaciones.
El caso de las hermanas Carranza sintetiza la complejidad de estas investigaciones: el análisis permitió determinar que uno de los restos pertenece a una de ellas, pero no a cuál, debido a que compartían el mismo ADN. Aun así, el hallazgo aporta una certeza largamente esperada por la familia.
Desde la Justicia subrayaron que estos avances permiten “terminar con la incertidumbre” y garantizan a las familias la posibilidad de cerrar un ciclo. Al mismo tiempo, remarcaron que los intentos de ocultamiento de los cuerpos formaron parte de una estrategia para asegurar la impunidad.
CRM
Familiares de personas con discapacidad reclaman frente a la Casa Rosada por las deudas en el Programa Incluir Salud y PAMI
Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y exigió que “se giren a los fondos” para cancelar lo adeudado. “Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada", expresó.
Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área realizarpn este miércoles una manifestación en la Plaza de Mayo para solicitarle al Gobierno Nacional saldar sus deudas, tanto en el Programa Incluir Salud como en el PAMI y que, en muchos casos, mantienen desde de septiembre de 2025.
Cuando intentaban colocar un gazebo frente a las rejas que rodean la Casa Rosada, se produjeron incidentes y forcejeos entre manifestantes (entre ellos, menores de edad) y las fuerzas de seguridad reprimieron para impedir el progreso de la protesta.
Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y exigió que “se giren a los fondos” para cancelar lo adeudado.
“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada”, expresó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.
En la misma línea, aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”: “Dicen que Economía no gira a los fondos”, agregó.
Por otra parte, señaló que una de las iniciativas que están discutiendo es hacer un acampe “por tiempo indeterminado” para “mostrar la realidad” así como lo hicieron en la gestión anterior, de Alberto Fernández, donde llevaron adelante cuatro medidas similares.
“No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos”, concluyó.