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Caputo espera este martes US$12.000 millones del FMI y a cambio promete más motosierra al gasto

El Fondo Monetario Internacional (FMI) girará este martes a la Argentina US$ 12.000 millones, en el marco del nuevo acuerdo financiero, anunció al ministro de Economía, Luis Caputo. Serán parte del préstamo de US$20.00 millones del organismo, de los cuales 15.000 millones llegarán en 2025, la mayoría ahora, 2.000 millones en junio y 1.000 millones en el resto del año.

El FMI por ahora no confirmó nada. Se espera que en las próximas horas emita un comunicado después de que finalice la reunión de su directorio en el que se aprobará el préstamo.

El funcionario dijo que, hasta junio, llegarán US$ 19.600 millones al país para fortalecer las reservas del Banco Central. Pues se sumarían US$3.600 millones de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID) y otros 2.000 millones de un repo (crédito de altas garantías) que otorgará en lo inmediato un grupo de bancos. En lo que resta del año llegarían otros 2.500 millones del Banco Mundial y del BID. En total, en 2025 sumarían 23.100 millones de las diversas fuentes de financiamiento. Caputo promete que “estos recursos serán de libre disponibilidad y se destinarán a la recapitalización del Banco Central”.

El Banco Mundial prestará U$5.000 millones al Estado, 5.500 millones al sector privado y dará garantías por 1.500 millones, lo que totaliza una operación de 12.000 millones. El BID financiará 7.000 millones al sector público y 3.000 millones a las empresas privadas, lo que suma unos 10.000 millones. Entre ambas entidades acumulan 22.000 millones, de los cuales sólo 6.100 millones llegarían este año.

A cambio, el Gobierno se comprometió a liberar el cepo cambiario para las personas, a flexibilizar en parte el tipo de cambio, permitiendo un salto del dólar oficial de hasta 27% en lo inmediato, pero también meter más motosierra fiscal. El Ministerio de Economía anunció la “implementación de un ajuste fiscal adicional de 0,3% del PIB para lo que resta de 2025, dado el contexto global”. Se supone que la guerra comercial que amenaza con recesión global deteriorará los ingresos del Estado. Originalmente, el Ejecutivo había establecido para el año un superávit primario (antes del pago de deuda) de 1,3% del PIB. Ahora lo elevará al 1,6%. Así podrá cumplir con los pagos de deuda a los acreedores privados. No se informó dónde talará la motosierra esta vez.

AR/MG

Milei: “Desde este momento eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre”

El anuncio fue presentado como si se tratara de una liberación histórica: grandilocuente, como es costumbre en la retórica de Javier Milei. En cadena nacional, el presidente de la Nación declaró en la noche de este viernes el levantamiento definitivo del cepo cambiario y lo convirtió en símbolo de lo que considera un ciclo cerrado: el de una Argentina “atada al piso” durante los últimos 15 años. En su discurso —que leyó en la Casa Rosada, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabiinete, Guillermo Francos, más el resto de su gabinete sentados alrededor, y con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, pero no de la presidenta de la otra cámara del Congreso, Victoria Villarruel, con quien está enfrentado y distanciado políticamente—, el mandatario sostuvo que el Ministerio de Economía y el Banco Central rompieron “el último eslabón” de una cadena que mantenía trabada la economía nacional.

El anuncio llegó acompañado de una interpretación política del camino recorrido desde su llegada al poder. “Les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo”, remarcó Milei, y añadió que tras un “duro primer año de trabajo” el Gobierno dio por terminado el proceso de “saneamiento macroeconómico argentino”. “Hemos traído orden a los tres pilares fundamentales: el fiscal, el monetario y el cambiario”, aseguró.

Milei insistió en presentar el levantamiento del cepo como el final de una época. Afirmó que los argentinos “abandonaron la lenta agonía en la que estábamos sumidos” y que enfrentaron “el trago amargo de una sola vez y para siempre”, en lugar de seguir “postergando los problemas”.

Hubo además un reconocimiento explícito a quienes acompañaron políticamente sus medidas. Agradeció “a aquellos actores de la dirigencia política que sí entendieron el proceso de cambio que estábamos viviendo, sin mezquindades ni condicionamientos”. Y destacó a quienes respaldaron sus decisiones de veto en el Congreso: “Por ejemplo, aquellos 87 héroes que defendieron el superávit fiscal defendiendo los vetos que fuimos forzados a realizar para frenar la demagogia populista de algunos otros”.

El Presidente cerró con una reivindicación de su programa como una ruptura con las políticas del pasado. Dijo que el proceso no fue producto de “un capricho”, sino de la necesidad de corregir “décadas de horrores económicos” que, según su lectura, arrastraron al país hasta el 10 de diciembre de 2023.

Un discurso autocelebratorio en el que volvió a criticar a quienes no lo apoyan

El Presidente también utilizó la cadena nacional para presentar los resultados de su gestión como un salto de calidad en el desempeño económico argentino. “Pasamos de ser el peor alumno del mundo en materia económica a hacer los deberes y pasar a ser el alumno ejemplar”, afirmó. En esa línea, detalló lo que denominó “los tres exámenes” superados: el fiscal, el monetario y, con el fin del cepo, el cambiario.

Pasamos de ser el peor alumno del mundo en materia económica a hacer los deberes y pasar a ser el alumno ejemplar

En cuanto al orden fiscal, reivindicó haber dejado atrás “más de 100 años de déficit fiscal crónico” y ubicó a la Argentina entre los “cinco países del mundo que solo gastan lo que recaudan y ni un peso más”. Con respecto al frente monetario, dijo que “se le puso un tope a la cantidad de pesos emitidos”, lo que, según su descripción, redujo la inflación “entre 10 y 25 veces” dependiendo del índice utilizado. “Eso nos hizo ver una apreciación del peso sin precedentes con su consecuente caída de la pobreza”, agregó.

Sobre la eliminación del cepo, la calificó como “la última espina que nos infligía un dolor profundo” y la tildó de “aberración que nunca debería haber existido”. El mandatario vinculó directamente el levantamiento de las restricciones cambiarias con un nuevo respaldo del Fondo Monetario Internacional. “Hace algunos minutos, el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina”, celebró.

El acuerdo con el organismo multilateral, según explicó Milei, tiene una particularidad: por primera vez no se destinará a financiar una transición hacia el orden sino a sostener un plan que, según su visión, “ya ha rendido sus frutos”. Agradeció expresamente al directorio del Fondo y a su titular, Kristalina Georgieva, a quien definió como “la cristalina Georgieva”.

En contraste con los programas tradicionales del FMI, Milei subrayó que esta vez el ajuste no se hizo vía suba de impuestos sino que “casi la totalidad del ajuste recayó en el Estado y no en los argentinos de bien”. Precisó que el paquete de apoyo financiero, integrado por el FMI, el Banco Mundial, el BID y un RIPO del Banco Central, asciende a US$32.000 millones, de los cuales US$19.600 millones se desembolsarán de inmediato.

Con esos fondos, aseguró que las reservas brutas del Banco Central rondarán los US$50.000 millones en mayo. “Con este nivel de reservas podemos respaldar tranquilamente todos los pesos existentes de nuestra economía, brindándole más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos”, sostuvo.

El Presidente también se detuvo en explicar la lógica contable del balance del Banco Central. Detalló que los activos están compuestos por reservas internacionales y títulos públicos, mientras que los pasivos incluyen la base monetaria y la deuda remunerada: las Lebacs, luego Leliqs y después pases. La mención técnica buscó reforzar la idea de un sistema monetario más sólido tras el reordenamiento impulsado por su administración.

Calculó que la mejora de las reservas del BCRA permitirían rescatar la base monetaria a un dólar a $650

En otro tramo del discurso, Milei profundizó en la lógica detrás del deterioro inflacionario argentino desde la salida de la convertibilidad. Explicó que el patrimonio neto del Banco Central se ve afectado cuando aumentan sus pasivos, ya sea por la emisión de pesos sin respaldo o por el devengamiento de intereses. En ese marco, señaló que cuanto más negativo es ese patrimonio, mayor debe ser el nivel de precios para ajustar las cuentas, lo que alimenta la inflación.

“Desde la salida de la convertibilidad el precio del dólar se multiplicó por 1.200 veces”, sostuvo el Presidente, y responsabilizó directamente a la política del Banco Central, que según dijo, “le robó a los argentinos más de US$100.000 millones en los últimos 25 años”. Afirmó que esa destrucción de activos explica el “desastre inflacionario” vivido en las últimas dos décadas.

A modo de respuesta a esa situación, Milei presentó el nuevo acuerdo con el FMI y otros organismos como un intento de “restaurar el activo del Banco Central y con ello su patrimonio, para que la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”. Señaló que los fondos que ingresarán al Tesoro serán utilizados para cancelar deuda con el BCRA y que, dado que los títulos no cotizan a la par, eso también reducirá la deuda bruta del Estado.

Según sus cálculos, las reservas brutas permitirían rescatar la base monetaria a un tipo de cambio de $650, y si se toma la base monetaria ampliada, esa conversión sería posible a $911. Incluso fue más allá: “si utilizamos el techo de lavanda presentado por el ministro Caputo, no solo podría rescatarse toda la base monetaria amplia, sino que sobrarían cerca de US$15.000 millones”.

Desde allí, reforzó la idea de haber aprobado el “examen cambiario” y justificó la demora en levantar el cepo. “Nos hubiera encantado eliminar el cepo cambiario más rápido, pero siempre dijimos que preferíamos eliminarlo bien y definitivamente”, aseguró, diferenciándose de intentos fallidos del pasado. Valoró la aceptación social del ritmo impuesto: “Fue una de las tantas verdades incómodas que le planteamos a la sociedad, y que supieron aceptar con determinación y paciencia”.

El tramo más enfático del mensaje llegó cuando Milei proclamó que por primera vez en 120 años la Argentina logró tener al mismo tiempo orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. “Nunca. Esta es la primera vez. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente”, insistió.

Esa sincronía, según su lectura, marca un quiebre histórico. “Rompemos la rueda de la ilusión y el desencanto y comenzamos a caminar de una vez hacia adelante”, afirmó. Y resumió el cambio en términos de blindaje: una economía que ya no es una “balsa de madera a la deriva” sino “un verdadero acorazado”.

Esta nueva situación, añadió, ofrece dos garantías: la de evitar turbulencias autoinfligidas y la de estar mejor preparados que nunca para enfrentar shocks externos. Si bien admitió que ningún país es totalmente inmune, sostuvo que la Argentina actual absorberá menos daño y se recuperará más rápido que en cualquier otro momento de su historia.

Por último, amplió la mirada y ubicó el giro argentino en un contexto de transformación global. “En un mar de volatilidad, ya no somos una balsa. Somos un acorazado”, repitió, y señaló que el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial está dando paso a una nueva etapa, con “placas tectónicas que se están desplazando luego de décadas de quietud”.

Si los shocks externos impactan en la Argentina, habrá más ajuste, dijo el Presidente

Milei también anticipó cómo reaccionaría su Gobierno ante un eventual agravamiento del escenario internacional. “Frente a la posibilidad de que el choque externo se agudice, responderemos con mayor ajuste fiscal reduciendo el gasto público”, aseguró. Señaló que, en lugar de devaluar la moneda o subir impuestos —dos caminos usados históricamente en la Argentina— la estrategia libertaria será bajar la “absorción doméstica” a través de un achique adicional del Estado.

En ese sentido, informó que el objetivo de superávit primario para 2024 pasará de 1,3% a 1,6% del PBI, lo que refuerza, según dijo, la eliminación del riesgo fiscal, monetario y cambiario. “Han quedado asentadas las bases para la estabilidad y el crecimiento sostenido por el mediano y largo plazo”, remarcó.

El discurso incluyó una proyección optimista sobre el impacto del nuevo marco macroeconómico. Según el Presidente, el ahorro de 15 puntos del PBI que antes se dirigía a la política “ha sido devuelto al sector privado”, lo que se traducirá en mayor inversión y consumo. A eso se sumaría la baja del riesgo país, la caída de tasas de interés y el regreso del crédito privado.

Milei afirmó que el ajuste fiscal garantiza un piso de crecimiento del 4,5% anual a largo plazo, al que se agregan las reformas estructurales llevadas adelante por su administración: el DNU 7023, la Ley de Bases y más de 1.700 desregulaciones impulsadas por el Ministerio de Desregulación. También previó un empuje de corto plazo por la recomposición de stocks en las empresas y la revalorización de salarios y jubilaciones gracias a la baja inflacionaria.

A todo eso le sumó un nuevo “boom de créditos hipotecarios”, una baja gradual de impuestos, una apertura sin precedentes al comercio internacional y un renovado flujo de inversiones extranjeras: “Le pusimos un cepo al Estado, un cepo a la emisión y hemos liberado la canilla de la iniciativa privada”, celebró.

Culpó a la “ley Guzmán” por la “interrupción en el proceso de desinflación”

Con respecto a la inflación, Milei ratificó que su plan terminará con el fenómeno “de forma indefectible” y responsabilizó a la “ley Guzmán” por la reciente interrupción del proceso de desinflación. Denunció que por esa norma debió solicitar aprobación parlamentaria para el nuevo acuerdo con el FMI, lo que obligó al Gobierno a mantener la confidencialidad mientras “políticos y economistas generaban pánico e incertidumbre”.

La llamada “ley Guzmán” a la que se refirió Javier Milei en su discurso es la número 27.612, sancionada en marzo de 2021, durante la gestión del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

Esta norma establece que todo endeudamiento en moneda extranjera con organismos financieros internacionales —como el FMI— debe contar con la aprobación del Congreso de la Nación. Fue impulsada luego del acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el FMI en 2018, que se firmó sin pasar por el Poder Legislativo, lo que generó fuertes críticas políticas y sociales.

La ley buscó dar mayor transparencia y control democrático a este tipo de decisiones estructurales, obligando al Ejecutivo a informar al Congreso y a obtener su autorización antes de contraer nueva deuda externa con organismos multilaterales.

En su discurso, Milei la cuestionó por considerarla una “aberración”, porque —según él— le impidió avanzar con mayor rapidez en el acuerdo con el FMI y lo obligó a mantener la confidencialidad mientras se generaba, en paralelo, “incertidumbre” por parte de sectores políticos y económicos.

Aun así, Milei se jactó de que gracias a su política económica la inflación no tiene otro destino que desaparecer, al no haber más emisión sin respaldo. “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, dijo. Y concluyó que salvo los más grandes, la mayoría de los argentinos “nunca vio algo así”.

El cierre de la cadena nacional tuvo un tono más épico, donde Milei ensayó un retrato del país como potencia en potencia. Destacó las ventajas naturales, la diversidad productiva y el talento disperso en todo el mundo como base para un despegue sostenido. “Imagínense cómo nos puede ir con el viento a nuestro favor”, alentó.

Recordó que en el último año se aprobaron inversiones por más de US$12.000 millones bajo el régimen RIGI, y anticipó que la eliminación total del cepo facilitará aún más la llegada de capitales. A su juicio, el resultado será claro: “Argentina será el país con mayor crecimiento económico de los próximos 30 años. En vez de hablar de tasas chinas, pronto el mundo hablará de crecer a tasas argentinas”.

Argentina será el país con mayor crecimiento económico de los próximos 30 años. En vez de hablar de tasas chinas, pronto el mundo hablará de crecer a tasas argentinas

En el tramo final, el Presidente se dirigió a todos los sectores, incluso a quienes no lo votaron o se opusieron a su gestión. “Si el país crece, a todos nos va a ir mejor”, sostuvo. Prometió un país “en el que salir adelante sea fácil para el que hace las cosas bien” y llamó a construir una “era dorada” de libertad y prosperidad.

Con un mensaje a la nación que combinó balance, ideología, promesa de futuro y tono religioso, Milei cerró su discurso con una frase ya característica: “Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”. Pero esta vez no dijo “viva la libertad, carajo”.

JJD

El día que se rompió la calma: inflación en alza, dólares que se van y un Milei blindado en la Rosada

Javier Milei decidió no refugiarse en Olivos este viernes. En lugar de eso, desde las 15.40 se encerró en la Casa Rosada, donde reunió a casi todo su gabinete para enfrentar uno de los días más delicados desde que asumió. El dato de inflación de marzo, que el Indec difundió a las cuatro de la tarde, fue un mazazo: 3,7%, el peor número desde agosto del año pasado. Un golpe directo al único éxito que el Gobierno venía esgrimiendo como victoria propia.

Ya desde la mañana, quizás intuyendo lo que podía suceder, el Presidente había buscado cambiar el foco: convocó a sus ministros a Balcarce 50 para rodearse de su equipo en una puesta en escena planificada hasta el último detalle por su hermana Karina, justo cuando se esperaba la confirmación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones de dólares.

La secuencia no fue improvisada. Desde temprano, en los pasillos del poder se hablaba de un “superviernes” y de una imagen institucional para compensar el posible mal trago inflacionario. Como en diciembre, cuando celebró su primer año de gobierno rodeado de sus funcionarios, Milei apeló a la coreografía. Esta vez no hubo mensaje grabado, pero sí una escenografía cuidadosamente orquestada: el Salón Blanco como escenario, ministros ingresando por la explanada, y la expectativa por un anuncio internacional que el Gobierno pretende convertir en oxígeno político.

La reunión, convocada para las 17, una hora después del parte del Indec, incluye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a los ministros Caputo, Sturzenegger, Bullrich, Pettovello, Cúneo Libarona, Lugones y Petri; y al canciller Werthein. También se sumaron Martín Menem, Manuel Adorni, María Ibarzábal Murphy y, como siempre, Santiago Caputo, el artesano del relato oficial. El mensaje interno era claro: mostrar que el Presidente no está solo, que el equipo sigue en pie, y que el acuerdo con el FMI es más importante que el revés inflacionario.

Pero incluso en ese intento de control narrativo, el Gobierno dejó filtrar señales contradictorias. A 24 horas del show en Balcarce 50, Luis Caputo se sinceró en público: a través de un comunicado sobre la renovación del swap con China, aseguró que el régimen cambiario actual “no es consistente ni sostenible”. Un sincericidio, o una maniobra de autodefensa, que terminó dándole la razón a los mismos economistas que el oficialismo venía tildando de “mandriles”.

El dato no es menor: el FMI exige como condición un salto devaluatorio inicial y luego avanzar hacia un esquema de flotación libre del dólar. En la Casa Rosada quieren posponerlo hasta después de las elecciones de octubre. Pero el mercado tiene su propio reloj: este viernes, el Banco Central perdió casi 400 millones de dólares de reservas en una sola jornada.

Ese dato reforzó la percepción de que el acuerdo con el Fondo —que todavía no había sido comunicado oficialmente al cierre de esta nota— llega con una hoja de ruta que Milei y Caputo preferirían no transparentar del todo. En principio, el programa incluye metas duras sobre tipo de cambio, emisión, déficit y reservas netas del BCRA. Pero lo que está en discusión es el timing. Por eso, en paralelo a la escenificación oficialista, crece la expectativa por una salida del cepo entre julio y agosto, como dejaron trascender en los últimos días desde el entorno presidencial.

En paralelo, como para sumar tensión al clima político, este mismo viernes se terminó de definir la conformación de la comisión investigadora en Diputados sobre el caso $LIBRA, que apunta a interpelar a los principales ministros del gabinete. Y desde Washington llegó otra señal política: el lunes desembarcará en Buenos Aires el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, enviado del gobierno de Donald Trump, el principal aliado internacional de Milei. En la intimidad del Gobierno, la expectativa no sólo pasa por la aprobación formal del board del FMI, sino por la chance de anunciar también fondos adicionales del Banco Mundial u otros organismos multilaterales.

Con una economía frágil, reservas en baja y un frente político cada vez más áspero, el Presidente apuesta todo al acuerdo con el FMI. Quiere que funcione como escudo ante la inflación y como argumento para sostener su plan de dolarización, que sigue sin fecha. Pero más allá de la foto, y del acting institucional, el problema sigue siendo el mismo: el dólar no sube porque sí. Y el número del Indec fue una advertencia.

PL/MG

La inflación fue de 3,7%: se acelera fuerte en marzo y se aleja de la hoja de ruta de Milei

La inflación de 3,7% de marzo que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) superó ampliamente las proyecciones de entre 2,3 y 3% que estimaban las consultoras privadas. Traccionado principalmente por el rubro de alimentos y bebidas, que subió 5,9% en el mes, significa el guarismo más alto desde septiembre. 

Este resultado no sólo no perforó el piso del 2% pretendido en un plan ya caduco de la administración de La Libertad Avanza; se trata además de la segunda alza mensual consecutiva. La suba estuvo particularmente traccionada por los productos con comportamiento estacional - de 8,4%, bien por encima del promedio general –como las frutas, verduras y educación en el inicio de clases– . Sin embargo, la inflación núcleo que intenta reflejar el aumento sin los efectos que generan los estacionales y regulados, quedó por encima de la general en el acumulado del año (8,8% versus 8,6%), lo que denota una aceleración.

Por rubro

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (21,6%), tal como es habitual en el inicio lectivo en que se concentran subas en todos los niveles educativos. Por encima del promedio se registraron alzas en los rubros prendas de vestir y calzado (4,6%) y restaurantes y hoteles (3,9%). 

Mención aparte merece el más sensible para el bolsillo de la gente: Alimentos y Bebidas, que tuvo la mayor incidencia en todas las regiones. En promedio, el incremento del rubro ascendió a 5,9% (el mes anterior había sido de 3,2%). En términos interanuales la suba se ubicó por debajo del promedio de 55,9%, alcanzando un 45,6% de aumento. 

Haciendo doble click, los productos que más aumentaron su precio (en el indicador en GBA) fueron verduras, tubérculos y legumbres; y carnes y derivados. Entre los mayores aumentos se destacan el tomate (105%), lechuga (73%) y el kilo de papas (28%), a los que se le atribuye un factor estacional. Dentro del rubro carnes, el pollo aumentó 10,4%, nalga 8,5%, y el filet de merluza 6,5%. 

En tanto, los rubros con menor variación que el promedio fueron vivienda, agua, electricidad, gas (2,9%), comunicación (2,5%), salud (1,8%), transporte (1,7%), equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%).

La historia oficial 

A diferencia de otros meses, ni el Presidente Javier Milei ni el vocero presidencial Manuel Adorni salieron inmediatamente –y hasta la publicación de este artículo– a celebrar el resultado. Atrás quedó la época de canchereo en Twitter, con el vocero presidencial Manuel Adorni como uno de los referentes con su icónico: “Saluden a la inflación que se va”. 

En la difusión del Ministerio de Economía omitieron títulos del estilo “Estamos pulverizando la inflación”, como otrora han hecho. Esta vez con tono sobrio, no se refierieron a los dos meses consecutivos de alza intermensual y comunicaron que “la inflación en el tercer mes de 2025 fue la menor para un marzo desde el año 2020”. También resaltaron el incremento de 55,9% interanual como “la menor desde marzo de 2022”.

Perspectivas

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que subestimó el indicador para marzo ubicándolo en 2,6%, proyecta una baja de inflación los meses que vienen. Según las principales consultoras relevadas por el Banco Central previo a la publicación de este dato, la inflación podría perforar el piso del 2% en junio. 

La consultora LCG, que mide semanalmente la variación de precios de alimentos y bebidas, relevó una particular aceleración en las dos primeras semanas de abril. Este resultado desmorona uno de los trofeos discursivos del Gobierno al celebrar su política de ajuste.

El panorama hacia adelante no mejora justo cuando el mercado espera que el FMI apruebe un nuevo programa por US$20.000 millones, que incluiría un régimen cambiario con bandas de flotación y echaría por tierra la última carta del oficialismo para contener los precios: haber bajado el ritmo del crawling peg del 2% al 1%.

NR/MG

El Estado evita regular desde hace 17 años cuántos agroquímicos puede tener el agua que tomamos

Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?

En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Crónica de una (no) regulación anunciada

En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.

Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.

El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país. 

Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes. 

Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.

La historia

En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas. 

Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país. 

Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.

El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.

También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente. 

Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.

Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.

Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.

En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización. 

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.

Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos  tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.

Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l. 

En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.

La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”. 

Estado de situación 2025

En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento. 

En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).

Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid. 

Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.

De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.

Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.

Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.

En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio. 

En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.

El que busca, encuentra

Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).

La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales

Paula Blois — Antropóloga, coautora del libro Veneno

En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio. 

De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.

Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.

El agua en las escuelas

Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

Si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada.

Federico Kopta — Coautor del libro Veneno

Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.

Política de Estado

El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.

Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.

También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.

“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.

Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”. 

En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta. 

“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.

ED