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Diputados suspendió el debate por el tratado de patentes en medio de presiones cruzadas de laboratorios

La Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, previsto para este martes, en un contexto de tensión entre el Gobierno y los laboratorios nacionales. La iniciativa, vinculada al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, quedó por ahora sin fecha de debate.

Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la postergación fue solicitada por el Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria fue desconvocado sin reprogramación confirmada.

Desde esa cartera señalaron que el pedido se vincula con la ausencia del secretario Alejandro Cacace, quien participa en Estados Unidos de actividades sobre inteligencia artificial junto a legisladores.

Resistencia de la industria nacional

El principal obstáculo para la ratificación del acuerdo es el rechazo de los laboratorios locales, que cuestionan especialmente el capítulo II del tratado. Ese apartado fija condiciones sobre propiedad intelectual que, según advierten, podrían alterar el esquema vigente en el país.

La tensión se profundizó tras la decisión del presidente Javier Milei de derogar resoluciones de 2012 que establecían criterios de patentabilidad y favorecían la producción de medicamentos genéricos.

Las cámaras CILFA y Cooperala advirtieron ante Diputados que la aprobación implicaría “una cesión de soberanía” y dejaría sin efecto las guías aplicadas desde hace más de una década.

En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo.

Un margen de negociación acotado

Fuentes oficiales sostienen que Argentina no puede introducir cambios en el capítulo cuestionado. Argumentan que el país no formuló reservas al momento de adherir al tratado, por lo que debe aprobarse en su versión actual.

Los laboratorios nacionales defienden el esquema vigente, que permite producir versiones alternativas de medicamentos bajo ciertas condiciones y, según afirman, contribuye a precios más accesibles. En contraposición, empresas internacionales reclaman el reconocimiento de sus inversiones en investigación.

La disputa remite al debate por la ley de Patentes de los años 90, que también enfrentó a actores locales y extranjeros.

La defensa del Gobierno

El oficialismo sostiene que la adhesión facilitaría la inserción internacional del sistema científico y productivo. Afirma que empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya utilizan este sistema desde el exterior.

También destaca que el CONICET y universidades concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo ese esquema, una de las proporciones más altas de América Latina, y que la adhesión permitiría reducir costos administrativos.

Según el Gobierno, el tratado no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que podría fortalecerlo y abrir la posibilidad de que sea designado como autoridad internacional de examen preliminar, como ocurre en Brasil.

Villarruel define si le embarga la dieta al presidente provisional del Senado por una deuda impositiva de $45 millones

“Feliz cumpleaños Victoria Villarruel”. Con ese mensaje Bartolomé Abdala, el senador de La Libertad Avanza que ocupa la presidencia provisional de la Cámara alta, saludó a Victoria Villarruel este lunes a través de Facebook. Pero el saludo tenía una lectura entre líneas: la vicepresidenta tiene que definir si le embarga la dieta al legislador, luego de que la Justicia de San Luis le exigiera ejcutar una orden judicial por una deuda que Abdala tiene con el fisco provincial.

elDiarioAR supo que el requerimiento judicial ya fue procesado en la cúpula del Senado: “Se envió el requerimiento judicial al área de Sueldos y Dietas del Senado, para, de corresponder si así fuera, aplicar las deducciones, conforme la medida judicial”, recogió este medio de una fuente parlamentaria con conocimiento del caso. La frase, cuidadosa en su forma, confirma que el mecanismo está en marcha aunque deja abierta la puerta a eventuales impugnaciones que pueda presentar el propio senador.

El juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis, Alberto Spagnuolo, dispuso el embargo ejecutivo sobre los haberes de Abdala por una deuda de $45 millones en concepto de impuesto inmobiliario y otros tributos provinciales. El oficio, basado en la ley 22.172, fue emitido el 6 de abril e ingresó formalmente por la mesa de entradas del Senado el viernes pasado. La resolución obliga al Senado a retener el porcentaje que fije la ley de la dieta del legislador hasta cancelar el monto total. Un senador nacional gana actualmente unos 11 millones de pesos mensuales, por lo que el embargo podría extenderse varios meses.

El caso tiene una carga institucional difícil de ignorar. Abdala llegó a estar a cargo del Poder Ejecutivo nacional por unos días el año pasado, cuando tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta Villarruel se encontraban fuera del país. Es, en la práctica, el número dos del Senado. Y es uno de los suyos: senador de La Libertad Avanza.

El argumento de Abdala: persecución política

El senador reaccionó antes de recibir notificación formal. En declaraciones a Clarín, dijo que “no me notificaron nada” en forma oficial y que este lunes se reuniría con sus abogados para definir cómo afrontar la deuda. Pero rápidamente ubicó el conflicto en clave electoral. Abdala calificó la medida como “una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi” y la vinculó con sus posibilidades de candidatearse para sucederlo en las elecciones provinciales del año próximo.

“En San Luis, cuando alguien se anima a discutirle el poder a la casta, se transforma en un problema. Y para la política tradicional, cuando sos un problema, también te convertís en alguien a quien operar y amedrentar”, escribió el legislador. Calificó la medida como “una operación burda, habitual en el gobierno de Claudio Poggi”. La semana pasada, en el Senado, había dicho que “el gobierno de mi provincia está más sucio que una papa”.

También apuntó contra la política fiscal puntana en general: la Dirección Provincial de Ingresos Públicos inició más de 5.200 juicios a deudores de impuestos provinciales por un total de 9.113 millones de pesos.

El problema para Abdala es que la deuda existe, y que él mismo declaró tener con qué pagarla. En su última declaración jurada, correspondiente a 2024 y presentada ante la Oficina Anticorrupción, informó cinco inmuebles, tres vehículos y un patrimonio estimado en 197 millones de pesos. Contador de profesión, alega desconocer una deuda impositiva de 45 millones pese a las propiedades declaradas.

La réplica del gobierno de San Luis

Desde la administración de Poggi no dejaron pasar la oportunidad. La directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, rechazó de plano las acusaciones de intencionalidad política y explicó que la política fiscal se basa en el principio de capacidad contributiva: “El que tiene más, contribuye más. No es lo mismo la tasa de un barrio común que la de una vivienda en un country, ni un vehículo de alta gama que un utilitario”.

La frase de remate apuntó directo al senador: “Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto.” En otras palabras: es un contribuyente con capacidad económica declarada que no paga sus impuestos provinciales.

En 2023, el gobernador Poggi, en alianza con Juntos por el Cambio, desplazó del poder a Alberto Rodríguez Saá, quien junto con su hermano venía gobernando la provincia desde 1983. Desde entonces, la relación entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza fue deteriorándose. Abdala, que fue ministro de Turismo durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá y luego migró al PRO y finalmente a LLA, se convirtió en el principal vector de esa tensión.

MC

Mahiques intenta cubrir al Gobierno en un frente judicial que no deja de expandirse

El Gobierno tiene un problema judicial. O, más precisamente, una acumulación de problemas judiciales que empiezan a superponerse en el tiempo y a dialogar entre sí. $LIBRA, ANDIS y el caso Adorni son expedientes distintos, con lógicas propias, pero atravesados por un mismo hilo conductor: todos rozan, de una u otra manera, el núcleo de poder que rodea a Javier Milei. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue solo un cambio de nombres, sino la designación, en los hechos, de un rol que nadie explicitó en público pero que en privado nadie se molesta en negar: el de escudo.

No se trata, además, de un actor ajeno a ese mundo. Mahiques viene de la llamada “familia judicial”, hijo de un histórico camarista de Casación y formado en los códigos, vínculos y lógicas de Comodoro Py, un capital que en la Casa Rosada le reconocen y por el que fue elegido para cumplir justamente esa función. La apuesta era clara: alguien que hablara el idioma de los tribunales, que conociera sus tiempos y sus reflejos, y que pudiera ofrecer cobertura en un momento de tensión creciente. El problema es que, a poco más de un mes de asumir, ese escudo todavía no logra mostrar eficacia, o peor aún, no termina de cubrir.

Hay escenas que lo delatan. En marzo, durante su primera entrevista en LN+, Mahiques ensayó la fórmula esperable, pero apenas unos segundos después cruzó esa línea y se metió de lleno en el caso $LIBRA, donde terminó actuando más como abogado defensor del Presidente que como ministro de Justicia. No lo hizo en un expediente ni en un dictamen, sino en televisión, como quien tantea el terreno, al esbozar una estrategia para desarmar la prueba central.

En Comodoro Py la hipótesis es conocida: si el origen de una prueba es cuestionable, todo lo que se construye sobre ella puede caerse. Es la mentada teoría del “fruto del árbol envenenado”. Por lo que cualquier filtración aparece, en el razonamiento de Mahiques, como una posible llave de nulidad. Ese corrimiento tuvo consecuencias, porque en los tribunales lo leyeron como una señal de debilidad más que de fortaleza. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque reveló la urgencia del oficialismo y expuso que las pruebas, lejos de ser marginales, preocupaban.

Esa preocupación se vuelve más tangible cuando se mira el estado de las causas. En $LIBRA, el expediente que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli empezaron a aportar elementos incómodos para la defensa oficial, incluyendo referencias a un presunto acuerdo económico con el propio Presidente para promocionar la criptomoneda meme que dio lugar a acusaciones de estafa y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.

En paralelo, la causa que investiga los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Ariel Lijo, acaba de escalar con un movimiento que en Tribunales funciona como señal de cambio de fase: los fiscales pidieron 27 nuevas indagatorias, ampliaron la imputación a una estructura que combina funcionarios y empresarios y pusieron bajo la lupa un esquema de direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones, con pedidos de inhibición de bienes incluidos, lo que indica que la investigación no solo sigue abierta sino que se expande. A su vez, en el caso Adorni, también bajo la órbita de Lijo, el expediente que más rápido se movió en los últimos días, la hipótesis de dádivas por el viaje a Punta del Este y las sospechas de enriquecimiento ilícito empiezan a consolidarse con pruebas que, al menos por ahora, resultan difíciles de desactivar. “Nos conviene que la causa avance rápido”, deslizan en Casa Rosada.

En ese mapa hay un dato que sobresale y que conecta los casos más sensibles que orbitan alrededor del oficialismo: aunque no todas están en el mismo juzgado, la figura de Lijo aparece como un actor central en este momento judicial. Su comportamiento en las últimas semanas no pasa desapercibido. Licencias llamativas, movimientos políticos y reuniones que trascienden pueden no significar demasiado por separado, pero en conjunto construyen la imagen de un magistrado en estado de activación, una percepción que circula cada vez con más fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Allí no lo dicen en voz alta, pero lo sugieren con insistencia. Lijo está en campaña, no en términos electorales sino institucionales, en un contexto en el que la Procuración General de la Nación volvió a entrar en la conversación como horizonte de poder, junto con los nombres de quienes aspiran a ocuparla, entre los que aparecen tanto el propio juez como el ministro Mahiques.

La paradoja es evidente, porque el funcionario que debería garantizar un vínculo aceitado entre el Gobierno y la Justicia compite, en los hechos, por el mismo objetivo que uno de los jueces que investiga a sus principales figuras. No es una disputa explícita, pero tampoco hace falta que lo sea, ya que se expresa en gestos, silencios y movimientos que se leen más por lo que insinúan que por lo que dicen, en un juego donde la exposición también construye posicionamiento.

Para Lijo, la ecuación pasa por recuperar centralidad después del traspié que significó su fallida llegada a la Corte Suprema impulsada por el asesor Santiago Caputo, mientras que para Mahiques el desafío es consolidarse en un cargo que, por ahora, lo expone más de lo que lo protege. Ambos saben que para llegar a ser jefe de los fiscales no alcanza solo con antecedentes técnicos, sino con poder político, y que ese poder se construye en el cruce, siempre inestable, entre los tribunales y la Casa Rosada.

Es que mientras en los pasillos de Comodoro Py empiezan a circular versiones que amplían el mapa —como la que menciona a Mahiques como posible nexo informal entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, las causas que acorralan a Milei dejan de ser solo expedientes para convertirse también en herramientas de negociación. Por eso, cuando en Balcarce 50 hablan de levantar un escudo ante al frente judicial, quizás estén mirando el partido equivocado. Echando mano a la metáfora del último video compartido por el Presidente en su cuenta de Instagram, del otro lado, más que delanteros aislados, empieza a haber un equipo que juega en bloque y que, sin apurarse, empieza a empujar la pelota hacia el arco con cada vez menos intermediarios.

PL/CRM

El peronismo muestra sus nombres: Kicillof viaja a España, se lanzó Grabois y Massa jugó a ser DT de dirigentes bonaerenses

Mientras el oficialismo atraviesa turbulencias, el peronismo empezó a exhibir sus primeras jugadas de cara a 2027. Sin una estrategia unificada, pero con la necesidad compartida de ordenar liderazgos, distintas figuras comenzaron a moverse en simultáneo: Axel Kicillof con agenda internacional, Juan Grabois con lanzamiento explícito y Sergio Massa con gestos de articulación territorial.

El gobernador bonaerense partirá hacia España este jueves con una agenda que combina política, economía y posicionamiento internacional. En Madrid mantendrá reuniones con empresarios y con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, en busca de financiamiento e inversiones para la provincia de Buenos Aires, en un contexto de recorte de recursos nacionales. También presentará su libro sobre historia del pensamiento económico, en un gesto que refuerza su perfil académico.

El paso siguiente será Barcelona, donde se reunirá con el alcalde Jaume Collboni y participará de la cumbre de la Movilización Progresista Mundial, invitado por el presidente Pedro Sánchez. Allí buscará consolidar vínculos internacionales y proyectar su figura en debates globales, en línea con la construcción política que impulsa a través del Movimiento Derecho al Futuro.

En paralelo, el tablero interno sumó otra pieza: Grabois decidió dejar de lado las especulaciones y confirmó su precandidatura presidencial dentro del peronismo. Con un discurso fuertemente crítico hacia el gobierno de Javier Milei, al que acusó de aplicar un modelo de “miseria planificada”, el dirigente de Patria Grande planteó en declaraciones radiales la necesidad de dirimir liderazgos en unas PASO con un programa común.

Grabois no sólo se posicionó como candidato, sino que también buscó fijar agenda: habló de una eventual crisis de gobernabilidad, cuestionó el rumbo económico y propuso organizar el malestar social como base de una alternativa política. Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta a una síntesis con Kicillof, aunque condicionada a la discusión de contenidos antes que de nombres.

Más silencioso, Massa eligió otro escenario para reaparecer. Un partido de fútbol en San Vicente, seguido de un asado en la histórica quinta de Juan Domingo y Eva Perón, reunió a intendentes y dirigentes que empiezan a perfilarse para la disputa bonaerense. Aunque no jugó, su presencia funcionó como señal política: el líder del Frente Renovador volvió a mostrarse como articulador.

En la cancha estuvieron, entre otros, los intendentes Federico Otermín, Gastón Granados y Federico Achával, junto al diputado Sebastián Galmarini y el intendente Juan Andreotti. La foto dejó varias lecturas: la intención de construir un espacio propio, la reconfiguración del massismo y, sobre todo, la ausencia del sector alineado con Kicillof.

Ese encuentro, que combinó fútbol y política, reflejó que la discusión por la sucesión bonaerense ya empezó a tomar forma. Nombres como Jorge Ferraresi, Julio Alak, Gabriel Katopodis, Mayra Mendoza y Mariel Fernández también orbitan en un escenario donde todavía no hay síntesis.

El peronismo, así, se mueve en múltiples planos: gestión, territorio, discurso e internacionalización. Sin conducción clara ni estrategia común, pero con una certeza compartida: la carrera hacia 2027 ya está en marcha y los nombres empiezan a mostrarse.

CRM

Karina Milei volvió a mostrarse con Adorni y sumó a Lugones en medio de tensiones por el PAMI

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes una recorrida por la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, en un gesto de respaldo político en un contexto de cuestionamientos que involucran a ambos funcionarios.

En ese predio funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) dedicado a la salud humana en América Latina, una infraestructura que supuestamente posiciona a la Argentina en un lugar destacado a nivel regional en materia de investigación y respuesta ante amenazas sanitarias.

La visita se produjo mientras Adorni atraviesa una serie de polémicas vinculadas a la compra de propiedades y viajes al exterior, que derivaron en una investigación en la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito.

En paralelo, Lugones enfrenta un conflicto en el ámbito del Ministerio de Salud por demoras en pagos vinculados a prestaciones del PAMI, lo que generó tensiones con distintos sectores.

El nuevo laboratorio, que se integrará a la red global de centros de máxima seguridad biológica, está pensado como un nodo estratégico para la detección y el estudio de enfermedades emergentes de alto riesgo, además de reforzar la capacidad de respuesta sanitaria tanto a nivel nacional como regional.

La puesta en marcha del BSL-4 incluye además instancias de formación a cargo de especialistas de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el marco de una cooperación bilateral que apunta a fortalecer la seguridad científica.

Durante la actividad también participaron el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la titular de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; la jefa del Laboratorio de Bacteriología Especial del INEI, Mónica Prieto; la jefa del Servicio Antimicrobiano del INEI, Alejandra Corso; el director de la Unidad Operativa del Centro de Contención Biológica, Alexis Edelstein; y el asesor de la Dirección de ANLIS Malbrán, Juan Ignacio Mier.

Con información de la agencia NA