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Endeudamiento: el Gobierno cambia de estrategia y busca disputar la agenda con la oposición
El oficialismo junta firmas entre los ex aliados para evitar una nueva ola de derrotas legislativas a fin de año. Propone mayor transparencia sobre tasas y costos de los créditos, pero rechaza límites a los intereses y la reestructuración de las deudas.
“A ver decime, ¿qué artículo querés sumar?”, le pregunta una diputada oficialista al ex aliado misionero, Oscar Herrera Ahuad, mientras a un costado uno de los representantes de las asociaciones bancarias defiende la postura oficial sobre el endeudamiento familiar: lo mejor que puede hacer el Estado es no intervenir. En privado, la negociadora de La Libertad Avanza repite lo mismo, pero se muestra más flexible: el Gobierno quiere desactivar la ofensiva por los endeudados y está dispuesto a consensuar un proyecto light que le permita evitar una nueva oleada de derrotas legislativas.
El oficialismo decidió cambiar la estrategia tras el triunfo opositor de la semana pasada. Una vez que los diputados del peronismo, la izquierda y el radicalismo díscolo consiguieron los votos de los gobernadores para forzar el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad, el bloque libertario pegó el volantazo. “Tenemos una corta ventana antes de que arranque la campaña y se termine el amor, hay que aprovechar”, desliza una dirigenta del oficialismo, que observa que, a partir de diciembre, comenzará el sálvese quien pueda de los provincialismos que buscan la reelección.
Javier Milei quiere que sus diputados disputen el relato de la caída de los ingresos. Por eso repartió panfletos sobre los éxitos económicos del Gobierno en la reunión del lunes en Casa Rosada. Y por eso es que el oficialismo está decidido, esta vez, a presentar sus propias propuestas para resolver las problemáticas sociales que la oposición puso en agenda.
En el caso de la emergencia en discapacidad, que ya le hizo perder 6 votaciones en el Congreso el año pasado, el Gobierno ya comenzó a circular un dictamen que incluye algunos puntos de la ley sancionada por la oposición el año pasado. Se comenzará a discutir este miércoles.
En cambio, sobre el aumento de la morosidad –que llega a las seis millones de personas–, la posición de LLA es más complicada. Milei y Luis Caputo vienen sosteniendo que es un “problema de privados” y que cualquier injerencia del Estado afectaría el crédito. Puertas adentro, sin embargo, un sector del oficialismo reconoce que hay que hacer un gesto hacia las familias endeudadas, al menos en términos discursivos.
El oficialismo analiza varias opciones. La línea principal es sostener una mayor “transparencia” en el acceso al crédito, con exigencias claras, a bancos y billeteras virtuales, sobre las tasas y el costo financiero final de los préstamos que ofrecen. También reforzar la “educación financiera”, buscando instalar la idea de que el problema del endeudamiento no es por la caída de los ingresos, sino por falta de información de los endeudados.
Lo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar, en cambio, es poner límites a las tasas, la eliminación de intereses punitorios o, en última instancia, la condonación de una parte de la deuda. El oficialismo no quiere abrirle la puerta a la reestructuración de las deudas: esa es una prerrogativa de los bancos, insisten, y cualquier intervención podría generar “problemas en la seguridad jurídica”.
Fueron las asociaciones bancarias, incluso, las que tomaron la palabra durante el debate en la reunión informativa de las comisiones de Finanzas y Defensa al Consumidor. Mientras el oficialismo dialogaba con los representantes de las provincias aliadas, buscando convencerlos de que les mandaran sus propuestas para sumarlos a un dictamen final, los representantes de los bancos manifestaron sus reparos ante las propuestas opositoras.
“Los bancos y los clientes ya están resolviendo las deudas. Es un proceso que está funcionando bien sin que el Estado esté ex profeso haciendo algo. Cualquier proyecto debe evitar afectar el proceso de normalización”, advirtió Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos. Bolzico señaló que ya se habían habilitado planes de refinanciación a más de 500 mil clientes, aunque omitió decir que este número representa apenas el 8% del universo de endeudados en situación de mora.
“Se rompe la seguridad jurídica. Si se imponen condonaciones compulsivas se cambian las reglas de juego. Los préstamos bancarios se aportan con plata de los depositantes, a medida que cambien las reglas de juego estos depositantes se les va a desarmar esa confianza. Y los bancos van a tener menos insumos para créditos futuros”, analizó Paz Adrogué, la gerenta de Técnica y Consejo Asesor de la Presidencia de la Asociación de Bancos de Argentina, en línea con la postura del Gobierno.
La oposición, mientras tanto, observa los movimientos del oficialismo con alarma. “Hay que tener cuidado con que el Gobierno no nos choree el centro (político) con un proyecto naif y gane la votación”, advirtió un diputado opositor, mientras miraba cómo el oficialismo se movía entre los bloques de las fuerzas provinciales. La noche anterior, muchos de ellos habían presentado proyectos propios sobre endeudamiento.
En total hay unas 76 iniciativas presentadas, muchas de ellas redactadas por los representantes de Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) o Martín Llaryora (Córdoba). El desafío de la oposición será consensuar un proyecto que incluya las propuestas de los gobernadores antes de que el Gobierno los seduzca para hacer lo mismo: la disputa por el relato de la problemática del endeudamiento, así como la solución que se les da a las familias, depende de eso.
MCM/MG
Caputo estimó una inflación de 18% para 2027 y un crecimiento del PBI de 4% y el Gobierno empezó a palpitar la campaña
El ministro proyectó 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y salarios por encima de los precios. La Casa Rosada busca convertir esas estimaciones en parte de su argumento para la reelección de Milei.
La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada, esta vez con Luis Caputo sentado a la mesa y a pocas horas de que el Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto 2027. El ministro de Economía llevó ante el núcleo político de Javier Milei las principales variables con las que la administración libertaria proyecta atravesar el próximo año, mientras Patricia Bullrich repasó la agenda que el oficialismo intentará empujar en el Congreso: en resumen, estima una inflación de 18% para el año próximo y un dolar que lllegará a diciembre del 2027 en $1.847,6.
El encuentro tuvo así un componente diferente respecto de las últimas reuniones. Con el Presupuesto como telón de fondo, Caputo expuso ante Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo, entre otros integrantes de la mesa, los números sobre los que estará construido el proyecto y que el Gobierno pretende convertir también en parte de su argumento político de cara a 2027.
Según la presentación del ministro, el Ejecutivo proyecta para el año próximo un crecimiento del PBI del 4%, una inflación de 18% punta a punta, mientras que el promedio lo ubicó en 21,1%, además de un aumento del salario promedio del 25,4%. Se trata, por ahora, de estimaciones oficiales que suponen la continuidad del proceso de crecimiento y una mejora de los ingresos por encima de los precios, dos variables especialmente sensibles para una administración que necesita que la estabilización macroeconómica termine de traducirse con mayor claridad en el bolsillo antes de las elecciones.
“Para 2027 se asume un crecimiento del PIB del 4,0% anual. El tipo de cambio nominal se proyecta en $1.847,6 en diciembre de 2027 (+15,5%) y la inflación desacelera al 18,0% interanual en el mismo período”, dice el texto del proyecto
Los números están en línea con el relato que la Casa Rosada comenzó a ordenar en los últimos días. Milei pretende llegar a la campaña defendiendo los resultados acumulados desde 2023 y discutiendo la percepción de una economía que todavía muestra dificultades en distintos sectores. En ese sentido, el Presupuesto no funcionará únicamente como una hoja de cálculo sobre los ingresos y gastos del Estado: también ofrecerá una primera versión oficial del país que el Gobierno promete para el año en que el Presidente buscará su reelección.
Caputo también anticipó que el proyecto volverá a contemplar un resultado fiscal positivo. El Gobierno sostiene que, de cumplirse esa previsión, la Argentina completará cuatro años consecutivos con superávit en la línea financiera sin encontrarse en default. El equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo la principal bandera económica de Milei, aun cuando el debate presupuestario obligará al oficialismo a explicar cómo piensa sostenerlo y, al mismo tiempo, atender las demandas de recursos que llegan desde distintos sectores y las provincias.
Las estimaciones oficiales incluyen además exportaciones por más de US$130.000 millones y un saldo comercial favorable de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones. Para el dólar, el proyecto utilizará un tipo de cambio promedio anual de $1.728.
En la Casa Rosada se ocuparon especialmente de relativizar el alcance de ese último número. Sostienen que no debe interpretarse como una predicción del valor que tendrá el dólar, sino como el resultado de aplicar la inflación estimada para 2027 sobre el tipo de cambio actual. La aclaración busca evitar que una de las cifras más sensibles del Presupuesto termine convertida en una referencia cambiaria para el mercado y, al mismo tiempo, deja al descubierto los límites que el propio Gobierno le asigna a las proyecciones incluidas en el proyecto.
La discusión económica se produce, además, después de que Milei bajara el lunes ante sus funcionarios y legisladores una línea política para encarar el camino hacia 2027. El Presidente reivindicó los resultados de su programa, pidió “cuidar la reputación económica” reconstruida por la Argentina y sostuvo que el oficialismo deberá contrastar sus números con la situación que recibió al asumir en diciembre de 2023. La apuesta oficial será que la discusión electoral se ordene alrededor de esa comparación, más que sobre las dificultades que persistan al final de su mandato.
Del Presupuesto a la agenda electoral
La segunda parte del encuentro estuvo dedicada al Congreso. Allí tomó protagonismo Patricia Bullrich, quien informó sobre el comienzo del debate en comisiones de la reforma electoral, uno de los asuntos que la Casa Rosada pretende poner en discusión mientras comienza a ordenar las reglas con las que se disputarán las elecciones del año próximo.
La cuestión electoral había aparecido también en las últimas reuniones de gabinete, aunque el Gobierno viene administrando los tiempos de esa discusión en función de una dificultad concreta: todavía necesita construir los votos para avanzar con los cambios que pretende. La intención oficial es modificar el esquema de las PASO y otras reglas electorales, pero sin abrir una batalla parlamentaria antes de asegurarse una mayoría que evite una derrota en el recinto.
Bullrich repasó además el estado del resto de las iniciativas que aguardan tratamiento en el Senado. La agenda parlamentaria será uno de los frentes centrales de las próximas semanas, cuando el oficialismo deberá combinar la discusión del Presupuesto con una acumulación de proyectos que pretende aprobar antes de fin de año y para los cuales, pese al crecimiento de su representación parlamentaria, sigue necesitando negociar con aliados y bloques provinciales.
En ese paquete también aparece la nueva ofensiva del Gobierno alrededor de Malvinas. Durante la reunión se confirmó que esta semana ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa que el Ejecutivo viene preparando para endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina.
El proyecto había sido uno de los temas centrales de la mesa política de la semana pasada, cuando participaron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller, Pablo Quirno. Su llegada al Congreso abrirá ahora una segunda etapa de la estrategia con la que Milei busca apropiarse de la iniciativa política alrededor de la cuestión Malvinas y llevar la discusión al terreno parlamentario, donde el oficialismo espera que el contenido de la propuesta obligue a la oposición a elegir entre acompañarla o quedar expuesta al señalamiento del Gobierno por rechazar una iniciativa presentada bajo la bandera de la soberanía nacional.
PL
Presupuesto 2027: el Gobierno envió a Diputados el proyecto que se comenzará a debatir en la primera semana de octubre
El proyecto que ingresó al Congreso este martes por la noche contempla un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio que alcanzará los $1.847 en diciembre.
El Gobierno giró esta noche el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio que alcanzará los $1.847 en diciembre.
Esta propuesta sobre gastos y recursos proyecta tener un equilibrio fiscal ya que contempla un superávit primario de 1,3% del PBI, por debajo de la estimación para este año.
La iniciativa comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el próximo 7 de octubre, con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase, según informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.
Las principales proyecciones para 2027
El Gobierno estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que el consumo público avanzará 0,6%.
La inversión aparece como uno de los principales motores de la actividad, con una expansión proyectada del 9,2%, luego de una caída estimada del 2,1% durante 2026.
“A nivel sectorial, en 2027, la industria y el comercio se expanden 4,4% y 5,1% respectivamente, mientras que el sector agropecuario crece 0,9%. Los bienes avanzan en promedio 3,9% y los servicios 3,6%”, señala el proyecto.
En materia comercial, el Ejecutivo contempla exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones.
El Gobierno reconoce el desvío de las metas de 2026
Las nuevas proyecciones se conocen luego de que las estimaciones oficiales para 2026 quedaran por debajo de los registros observados hasta el momento.
Para este año, el Gobierno había previsto una inflación cercana al 10,1%, mientras que, según los datos citados en el proyecto, el acumulado hasta septiembre alcanza el 21,3%.
También había estimado un crecimiento económico del 5,4% para 2026, aunque la proyección actual lo ubica en torno al 2,3%.
Respecto del tipo de cambio previsto para 2027, desde el oficialismo señalaron que el valor de $1.847 “no se trata de una predicción”, sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual y la inflación estimada para el próximo año.
Superávit fiscal como regla
El proyecto establece que el equilibrio fiscal continuará siendo uno de los principales ejes de la política económica durante 2027.
Según los datos oficiales, en el acumulado hasta julio de 2026 el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representa el 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 0,6% del producto.
Para el cierre de 2026, el Gobierno proyecta un superávit financiero de 0,2% del PBI, consistente con un resultado primario de 1,5%.
El Ejecutivo plantea que el equilibrio de las cuentas públicas se mantendrá como una “regla fiscal inalterable” y proyecta alcanzar por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo en las cuentas públicas nacionales.
Recursos y gasto
El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.
Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.
El resultado financiero será de 3,30 billones de pesos.
En cuanto al gasto, se prevé destinar $150.913.491,9 millones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarán $18.609.176,1 millones.
Los recursos para las universidades alcanzarán los 7,3 billones de pesos.
¿Se puede partir el Reino Unido? Qué significa la declaración independentista de Cardiff
Escocia, Irlanda del Norte y Gales tienen rutas legislativas y políticas diferentes para ser autónomas, mientras crece la incertidumbre entre la población sobre qué forma tendrá el país en la próxima década.
Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte acuerdan luchar juntos para independizarse del Reino Unido
Más de la mitad de los británicos cree que el Reino Unido sí seguirá existiendo dentro de cinco años. Pero solo el 35% lo tiene claro cuando la pregunta es qué pasará en diez años: el resto contesta que no habrá Reino Unido como tal o no lo sabe. Menos de un cuarto de la población cree que la unión de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte pervivirá en su forma actual dentro de dos décadas.
Estos datos de la encuestadora Ipsos recién publicados muestran un creciente escepticismo y una brecha en aumento entre Inglaterra y el resto del país, incluso más allá de las regiones tradicionalmente independentistas.
Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron este lunes en Cardiff, en Gales, para firmar un memorando de cooperación y proclamar su intención de luchar juntos por la independencia de sus territorios, cada uno a su ritmo y por su camino, pero con la misma intención de separarse del Reino Unido y volver a la Unión Europea. La declaración de Cardiff es solo un acuerdo político, sin efectos legales, pero refleja una corriente en la opinión pública.
A corto plazo, menos personas creen que el Reino Unido se va a romper que las que lo creían en 2019, en plena crisis política y negociaciones infructuosas entonces sobre la salida del país de la Unión Europea. Pero ahora la incertidumbre pensando en el futuro es mayor. “El panorama a largo plazo parece más preocupante para Andy Burnham y el Gobierno del Reino Unido”, explica Emily Gray, directora de Ipsos en Escocia. “Solo el tiempo dirá hasta qué punto, visto en perspectiva, la declaración de Cardiff es un acontecimiento que aceleró la ruptura de la unión o no”.
Tres casos distintos
Después de las elecciones de mayo, los tres territorios –que en el Reino Unido se denominan naciones– están gobernados por primera vez por partidos nacionalistas independentistas.
El Partido Nacionalista Escocés volvió a ganar las elecciones pese al descontento ciudadano y los repetidos escándalos de corrupción. En Gales, el partido nacionalista y europeísta Plaid Cymru ganó los comicios y le arrebató por primera vez el poder a los laboristas, que habían gobernado allí desde siempre. En el caso de Irlanda del Norte, el Sinn Féin gobierna con los unionistas dentro del delicado acuerdo de reparto de poder derivado del acuerdo de paz de Viernes Santo.
Las reivindicaciones son diferentes, pero van en la misma dirección: Escocia, que rechazó en referéndum la independencia en 2014, planteó su deseo de volver a hacer una consulta popular debido al Brexit, contra el que los escoceses votaron por amplia mayoría; en Gales, hay menos apoyo a la independencia y los nuevos líderes creen que no es el momento del referéndum, pero sí de reivindicaciones de un reparto diferente de financiación; en Irlanda del Norte, la reclamación es la reunificación con Irlanda y depende de un cambio notable en la opinión pública que permita celebrar una votación.
El líder del Partido Nacionalista Escocés, John Swinney, que gobierna Escocia, dijo este lunes que Andy Burnham será “el último primer ministro del Reino Unido” como tal. El mandato del laborista llega hasta 2029 mientras su partido no decida sustituirlo o el primer ministro no convoque antes elecciones generales. Burnham rechazó esta idea y se declaró firme creyente en la unión.
Cómo se convoca un referéndum
El acuerdo firmado por los nacionalistas John Swinney, Rhun ap Iorwerth, de Gales, y Michelle O’Neill, de Irlanda del Norte, no tiene consecuencias legales. Se trata de un pacto político rubricado como líderes de sus partidos y no de sus gobiernos.
La ruptura del país requiere el consenso político para permitir celebrar los referendos y depende, en gran medida, de la decisión de quien esté en el poder en Londres.
La única consulta prevista expresamente por la legislación es la de Irlanda del Norte, pero incluso en ese caso hay un margen de discrecionalidad. La legislación de 1998, cuando se firmó el acuerdo de paz, establece que Irlanda del Norte podría dejar de ser parte del Reino Unido si lo decide la mayoría de la población en una consulta. El ministro para Irlanda del Norte es quien tiene que decidir convocar un referéndum si le “parece probable” que la mayoría de la población ya no acepta ser parte del Reino Unido.
Algunas de las actuales encuestas ya indican una mayoría a favor de la reunificación de Irlanda, especialmente en el contexto del Brexit. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, le va a pedir a Burnham en una reunión en los próximos días que haya más claridad sobre cuál es el criterio para convocar esa consulta.
El político irlandés, del partido de centro-derecha Fianna Fáil, criticó la participación del Sinn Féin en la reunión de Cardiff, porque, según él, no es una buena estrategia unir el debate irlandés al de la independencia de Escocia y Gales. “Nosotros nunca metimos a Irlanda del Norte en los líos de la política británica. Siempre identificamos el norte como un asunto excepcional y en términos de la partición de Irlanda”, dijo este martes.
En el caso de Escocia, Burnham dijo la semana pasada durante la sesión de control en la Cámara de los Comunes que el mismo criterio que se aplica a Irlanda del Norte sobre el estado de la opinión pública podría valer para los escoceses, si bien eso no está incluido en ninguna ley y no fue hasta ahora la política oficial del Gobierno británico.
Los escoceses rechazaron en 2014 la independencia por el 55% de votos, pero el Partido Nacionalista Escocés repitió desde entonces que el Gobierno de David Cameron alteró sustancialmente las circunstancias del país al convocar dos años después el referéndum de salida de la UE. El 62% de los escoceses votó en contra del Brexit. Irlanda del Norte también lo rechazó. Gales lo aprobó, pero el principal empujón para salir de la UE vino de Inglaterra.
“El Brexit fue un factor que impulsó el crecimiento del apoyo a favor de la independencia de Escocia”, explica Emily Gray, la directora de Ipsos en Escocia. “Después del Brexit hubo una subida del apoyo a la independencia de Escocia. ”El Partido Nacionalista Escocés argumenta que la independencia es el único camino realista para que Escocia recupere los beneficios de la pertenencia a la Unión Europea“.
En la declaración de este lunes en Cardiff hay un párrafo específico dedicado a la impopular salida de la UE. “El Brexit dañó nuestras economías, y limitó las oportunidades para nuestra gente. Europa es nuestra casa común, y creemos que el futuro de nuestras naciones está dentro de la Unión Europea”, dice el texto.
En todo caso, el Parlamento escocés no puede legislar por su cuenta para convocar otro referéndum, según sentenció el Tribunal Supremo en 2022. La consulta de 2014 se hizo transfiriendo temporalmente la competencia al Parlamento escocés para que pudiera celebrar la votación después de un acuerdo político entre los gobiernos de Escocia y Reino Unido.
En el caso de Gales, el nuevo líder, Rhun ap Iorwerth, defiende la independencia, pero cree que antes de convocar un referéndum es necesario tener una conversación pública más a fondo y no planea pedir autorización a Westminster en su primer mandato. Aun así, también nota que el respaldo a la mayor autonomía e incluso ruptura con Inglaterra está creciendo en este territorio empobrecido e históricamente discriminado.
Gales no tiene ahora mismo una manera para pedir un referéndum y cualquier consulta necesitaría un acuerdo como el de Escocia.
No es Kosovo
El acuerdo entre partidos políticos tampoco puede en sí mismo “crear una norma que sea reconocida como práctica habitual entre los Estados o un derecho unilateral derivado de un tratado”, según explica Edmarverson A. Santos, analista de derecho internacional y quien consideró también precedentes de declaraciones unilaterales que pusieron a prueba las normas, en particular el caso de Kosovo.
“La importancia del memorando de Cardiff viene de la coordinación política que representa: tres partidos nacionalistas ahora defienden una reivindicación democrática común sobre el estatus constitucional mientras que siguen sometidos a distintos marcos legales nacionales e internacionales”, escribe.
Inglaterra y los demás
Uno de los aspectos más claros es el apoyo ciudadano a que los territorios fuera de Inglaterra cooperen entre ellos. En Escocia, donde la población está partida sobre la independencia (en mayo, el 48% estaba a favor y el 52% en contra, según Ipsos), hay más ganas de que su gobierno trabaje con el de Gales, en particular, y el de Irlanda del Norte, que con las autoridades de Londres. El principal factor de esta cercanía es el deseo de independencia.
“Los datos de la encuesta sobre las actitudes sociales en Escocia de los últimos 25 años no muestran en general que la opinión pública y las identidades en Escocia se hayan distanciado de manera significativa de otros lugares en el Reino Unido. El apoyo a favor de la independencia, sin embargo, es más alto ahora que hace 25 años”, explica Gray.
Lo que puedan alcanzar estos territorios en los próximos años depende en gran medida de que haya consenso más allá de sus regiones y, ahora mismo, es improbable que el Gobierno laborista de Burnham dé pasos en esa dirección. Su prioridad es descentralizar el poder, si bien se ha referido en particular a darle más competencias a las ciudades de Inglaterra.
En casa, varios líderes de los partidos nacionalistas afrontaron críticas por la cumbre. La viceprimera ministra del partido unionista de Irlanda del Norte, Emma Little-Pengelly, le recordó a O'Neill que no tenía autorización para firmar ningún documento sobre el futuro de la región y que no representaba a Irlanda del Norte en esa reunión.
También en el Parlamento de Gales, Rhun ap Iorwerth escuchó críticas de Reform, el partido de ultraderecha que entró ahora en el Parlamento galés y que pidió que el líder deje de “conspirar con el Sinn Féin” porque no tiene “mandato” para ello. Él contestó que su misión es defender los intereses de Gales y que la mejor manera de hacerlo es tener “más voz”. Se refirió también al actor Matthew Rhys, que ganó dos premios Emmy y en el discurso de la victoria mencionó a su Gales natal: “Somos una nación pequeña, pero matona”. “Hay que ser más como Matthew”, dijo ap Iorwerth.
Primera respuesta del Reino Unido a Milei: "Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción" sobre Malvinas
El Reino Unido difundió una guía oficial que avala la explotación pesquera y los proyectos de hidrocarburos previstos para 2027-2028 en las islas, y garantiza apoyo a las empresas que enfrenten trabas por parte de la Argentina. Es la primera respuesta formal de Londres al endurecimiento de Javier Milei en el reclamo de soberanía.
Milei ratificó la ofensiva por Malvinas y pidió a sus ministros “no dejarse psicopatear” con la economía
En lo que constituye la primera respuesta oficial del Reino Unido al cambio de posicion de Javier Milei sobre Malvinas, el gobierno británico difudió este martes una guía en la que advierte que Argentina “no ejerce soberanía ni jurisdicción” alguna sobre las islas.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de 'Falkland Islands' a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación”, dice el documento. Y reitera: “'Falkland Islands' son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre lFalkland Islands y las zonas marítimas circundantes”
El documento es categórico: “Falkland Islands han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, con la excepción de una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre 'Falkland Islands'. La legislación argentina no se aplica en las Islas”.
La guía fue publicada este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y está dirigida tanto a empresas como a particulares.
La guía pone el foco en dos actividades centrales: la pesca, ya consolidada en el archipiélago, y los proyectos de extracción de hidrocarburos que las compañías involucradas proyectan poner en marcha entre 2027 y 2028.
El texto es categórico en un punto: sostiene que la Argentina carece de jurisdicción sobre las firmas que operan en las islas y se compromete a asistir a esas empresas si surgen complicaciones vinculadas a sus vínculos comerciales con el archipiélago.
La publicación constituye la primera reacción oficial de Londres frente a la seguidilla de sanciones y advertencias que Milei lanzó en las últimas dos semanas contra las compañías con intereses en Malvinas. El gobierno británico argumenta que ningún tribunal fuera de la Argentina tiene base legal para intervenir sobre las decisiones que tome Buenos Aires, y remarca que este tipo de sanciones ya se aplicaron en gestiones anteriores sin que eso afectara el desarrollo económico de las islas.
Más allá de su contenido técnico, el documento llega en un momento clave: expone el cambio de rumbo que dio el propio Milei respecto de su vínculo con el Reino Unido. El mandatario había arrancado su gestión con una lógica de acercamiento, apostando al diálogo y a destrabar lo que su gobierno llamaba “obstáculos” para hacer negocios en el Atlántico Sur. Ese enfoque quedó atrás: en sintonía con los cuestionamientos de Donald Trump al laborismo británico, Milei optó por radicalizar su postura en una causa que despierta fuerte adhesión nacionalista, justo cuando empiezan a delinearse las estrategias de cara a la campaña presidencial de 2027.
La guía se conoce luego de que este lunes el Presidente reunió a todo su gabinete en la Casa Rosada para hablar de Malvinas y el rumbo económico. La cuestión Malvinas ocupó una parte importante de la reunión. Después del giro que Milei imprimió en las últimas semanas alrededor del reclamo de soberanía, el Gobierno repasó los primeros movimientos de la estrategia y ratificó ante los ministros la decisión de mantener y profundizar el rumbo adoptado.
El pasado 3 de septiembre, Milei anunció en cadena nacional sanciones más duras para evitar la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, un proyecto, en rigor, comenzado durante la gestión de Alberto Fernández que quedó paralizado por los recortes del gobierno libertario en obra pública.