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Noticias de Salta

La Casa Rosada convoca una vez más a la mesa política en medio de la presión sobre Adorni

En la antesala de una nueva escala internacional de Javier Milei, que este sábado partirá rumbo a Israel, la Casa Rosada vuelve a recostarse sobre un dispositivo que, con el correr de los meses, pasó de ser una promesa de coordinación a una herramienta de contención: la mesa política. La reunión convocada por Manuel Adorni para este viernes a las 11 no es solo un intento de ordenar la hoja de ruta legislativa. Es, sobre todo, un nuevo ensayo de control interno en medio de un escenario que, además de la inminente ausencia del Presidente, combina presión judicial y una cierta parálisis parlamentaria.

Es que el cónclave llega atravesado por un factor que altera el equilibrio interno: la situación de Adorni en los tribunales. En medio de nuevos movimientos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete no solo conserva su lugar sino que lo ejerce, con un oficialismo que parece no estar dispuesto a soltarlo. La foto de este jueves en Vaca Muerta junto a Karina Milei, quien según reconstruyen en Balcarce 50 fue la que impulsó la invitación, funcionó como un mensaje hacia adentro y hacia afuera. La mesa de este viernes refuerza esa señal al ubicarlo en el centro del armado político en un momento de máxima exposición.

En términos formales, el temario no difiere demasiado de otras convocatorias. La Casa Rosada busca destrabar una agenda legislativa que no termina de arrancar, con una Cámara de Diputados que apenas sesionó una vez en lo que va del período ordinario, y avanzar con proyectos que combinen volumen político y capacidad de generar debate. La reforma política, con la eliminación de las PASO, vuelve a ocupar el centro de la escena, acompañada por modificaciones en el Código Penal orientadas a temas de alto impacto público. A eso se suma la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que genera resistencias incluso entre aliados, y el intento de acelerar pliegos judiciales negociados con gobernadores.

Pero el trasfondo es otro. La necesidad de instalar temas que desplacen el foco mediático de la situación de Adorni se volvió explícita. Y, al mismo tiempo, expone una dificultad más profunda: la de sostener iniciativa política propia en un contexto donde los tiempos empiezan a ser marcados por factores externos.

La composición de la mesa también habla de ese momento. Se espera la participación del ministro del Interior, Diego Santilli; de la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; del titular de Diputados, Martín Menem; del armador Eduardo “Lule” Menem; y del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. La posible presencia de Karina Milei refuerza la idea de que el encuentro tendrá un carácter más “de rosca” que técnico, aunque no está confirmada la participación del asesor Santiago Caputo. En contraste, la ausencia de Luis “Toto” Caputo, de viaje en Estados Unidos, deja al equipo económico por fuera de la discusión en un momento en el que la inflación en alza y los recortes presupuestarios presionan al Palacio de Hacienda.

La mesa política libertaria se institucionalizó tras la derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025. Desde el vamos, funcionó más como un espacio flexible, a veces ampliado y otras reducido al mínimo indispensable, que como un ámbito regular de toma de decisiones. Hubo encuentros esporádicos, convocados al calor de urgencias específicas, como la necesidad de ordenar votaciones, contener tensiones con aliados o bajar línea en momentos de crisis. Sin embargo, nunca logró consolidarse como un órgano estable de coordinación real.

En ese vacío, su reactivación periódica suele leerse menos como señal de fortaleza que como síntoma de desorden: es una instancia que demostró capacidad para cerrar coyunturas —sobre todo en tiempos donde “todo marchaba acorde al plan”, como en el verano pasado— pero no para sostener dinámicas en el tiempo. En un escenario donde el Gobierno busca recuperar iniciativa mientras protege a Adorni, uno de sus funcionarios clave, esa limitación se vuelve más evidente. La experiencia reciente demostró que, en el universo oficialista, la mesa sirvió únicamente para apaciguar las internas. Una funcionalidad que parece volverse cada vez más estrecha.

PL/MC

Los directores políticos de YPF se asignaron un sueldo anual de casi US$1 millón en 2026

Cada integrante del directorio de YPF ganará US$954.000 en 2026 por una tarea que insume no más de cuatro horas al mes, de acuerdo a un documento de la empresa aprobado el 8 de abril. La remuneración citada es en promedio, por lo que algunos directores cosecharán un ingreso largamente superior a US$1 millón, y otros bajarán a cerca de los US$500.000.

Entre los directores se encuentran el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro del Interior Lisandro Catalán. Otro delegado del Poder Ejecutivo, Manuel Adorni, resignará su sueldo en YPF, como suelen hacer los representantes en funciones de la Casa Rosada.

En cambio, el presidente Horacio Marín es uno de los ejecutivos cuyo ingreso supera con creces el de otros miembros del cuerpo directivo, porque en su caso, al desempeñarse además como gerente general, sí cumple funciones reales.

El directorio de 12 miembros está compuesto por representantes políticos del Gobierno nacional (Adorni, Catalán y Francos), las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, la secretaría de Energia, el ministerio de Economía y el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, entre otros.

Francos y Catalán no cobraron honorarios mientras fueron jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente, pero en diciembre pasado, apenas dejaron sus cargos, comenzaron a ganar el estipendio, como informó este diario.

En el caso de Francos, el pago efectivo de sus honorarios contrastó con la declaración formulada al diario Clarín desde Punta del Este en enero, cuando afirmó que estaba tratando de acostumbrarse al “ocio” tras dos años de intenso trabajo. En las últimas horas, el exjefe de Gabinete volvió a ganar notoriedad cuando deslizó críticas a su sucesor, Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. La crítica de Francos al actual jefe de Gabinete provocó enojo tanto en las inmediaciones de Karina Milei como de Santiago Caputo, y fue atribuida a intenciones electorales para 2027.

Catalán, por su parte, se presenta como precandidato a gobernador de Tucumán, con el supuesto aval de Karina.

El 8 de abril, el directorio de YPF hizo público el llamado a asamblea de accionistas para el 30 de este mes, y allí se detalló la remuneración anual de los directores, de acuerdo a una información publicada por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD. La convocatoria argumenta que la remuneración propuesta es “adecuada y razonable”.

El texto también da cuenta de que los directores ganaron $10.849 millones en 2025, lo que equivale a US$9,2 millones, según la cotización promedio de la divisa estadounidense el año pasado.

El ingreso de los directores de YPF es uno de los más altos que paga el Estado argentino, tanto en la administración central como en organismos descentralizados o empresas públicas. Se trata de un cuerpo sin funciones efectivas en el manejo de la empresa, más allá de aprobar grandes lineamientos y asociaciones con otras petroleras. Según fuentes que pasaron por el directorio, la dedicación de cada miembro es de un par de horas cada dos semanas.

Las sillas en empresas públicas en las que el Estado es accionista son trofeos muy apetecibles, tanto para el Gobierno nacional como los provinciales

YPF tiene una estructura de vicepresidentes de área y gerencias con sueldos acordes a la industria petrolera (muy altos), pero la remuneración a directores sobresale en el mercado, tanto en relación a otras empresas públicas como a firmas privadas de gas y petróleo, indicaron voces del sector.

Cuando asumió Milei y designó a Marín al frente de la empresa estatal, el directorio aprobó un aumento para sus miembros muy superior a la inflación. Medido en dólares, los directores actuales ganan en dólares 60% más que sus pares durante la presidencia de Alberto Fernández. Con el tiempo, Marín se transformaría en un interlocutor de inmejorable vínculo con Milei.

Las sillas en empresas públicas en las que el Estado es accionista son trofeos muy apetecibles, tanto para el Gobierno nacional como los provinciales. Los gobernadores suelen asignar la función a aliados cercanos e incluso hubo casos que acomodaron a familiares, aunque también a opositores, como modo de facilitar la convivencia mediante un cargo de alto sueldo y baja visibilidad.

A su vez, el directorio de YPF es una puerta de salida de lujo. El primer secretario de Energía del gobierno ultraderechista, Eduardo Rodríguez Chirilo, fue otro ejemplo hasta fines de 2025.

Una norma no escrita dice que los funcionarios del Poder Ejecutivo no pueden duplicar ingresos en YPF, por lo que suelen resignar esos honorarios. Adorni respetó esa práctica.

Ello no aplica para los directores en otras empresas con participación estatal. En febrero, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, fue nombrado director en Aeropuertos Argentina, donde ganará cerca de $150 millones al año, mientras mantiene su sueldo como funcionario de Economía. El ingreso de Aeropuertos Argentina equivale a algo menos de la mitad del valor del crédito hipotecario que Furiase obtuvo en el Banco Nación para comprarse una suntuosa casa en el country Los Pilares, tal como informó el periodista Alejandro Bercovich en C5N.

Durante el Gobierno de Fernández, las sillas en empresas públicas correspondieron mayormente a funcionarios de La Cámpora, que cobraron sus ingresos. Hace más de diez años, cuando le tocó a Axel Kicillof completar posiciones en directorios, durante el mandato de Cristina, la norma fue que ninguno cobrara más que viáticos menores, dijo tiempo atrás uno de los designados, Emmanuel Álvarez Agis.

La nave de Spinetta, algunos libros de abril

“Desde la infancia veo en la oscuridad total de un cuarto, cuando estoy por dormirme, una suerte de raudo ejército azul y colorado que avanza en dirección a mí hasta que se pierde y vuelvo a recuperarlo en otro ángulo de la oscuridad, donde aparece para hacer la misma trayectoria. Me dirán que ese ejército podría ser un campo sembrado de jacintos, los hay rojos y los hay azules. Podría ser también el tablero de un juego con fichas vistosas, pero nunca se me ocurrió que pudiera ser otra cosa que un ejército de soldaditos vestidos de azul y de colorado que avanzan unidos como un solo soldado. Ese ejército fue siempre para mí el ejército de la noche. No sólo en la noche hay oscuridad, ya lo sé, pero de todos modos en el sitio en que lo vi con más frecuencia fue en la noche, que para mí es un sitio, el más importante del mundo. En el momento en que aparece el ejército de la noche pienso, recuerdo, elucubro ideas e imágenes que no reconozco durante el día. Y ese ejército de pequeñísimas ideas, de recuerdos, de imágenes de mi mente pugna por vivir y trata de matarme porque sus divisiones son a veces mansas como corderos o dulces como la miel, pero otras veces silban o gritan o manejan cuchillos y venenos, se agazapan en los infinitos laberintos inexplorados donde las pierdo de vista para volverlas a encontrar en el sitio donde las espero de nuevo: la oscuridad”.

El texto pertenece a Ejércitos de la oscuridad, de Silvina Ocampo, rescatado por la editorial Lumen en 2023. Como les conté hace un tiempo, es un libro fragmentario y poderoso, al que siempre vuelvo. En especial en días como estos, marcados por otros regresos: el del sueño entrecortado, el de los desvelos, el de los ejércitos nocturnos que marchan a mi alrededor en las horas oscuras.

Arranca una nueva edición de Mil lianas. 

1. Libros de abril. Con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires como norte (atención que arranca en pocos días), las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus publicaciones en el país anunciaron para este mes la llegada de una gran cantidad de lanzamientos. Entre ellos, se destacan novelas, cuentos, biografías y ensayos. Entre muchos otros, a lo largo de todo el mes aterrizarán en las librerías –y espero que también ocurra en las bibliotecas públicas– títulos de autores y autoras como Jorge Luis Borges, Sylvia Molloy, Emmanuel Carrère, Margaret Atwood, Roberto Bolaño y Santiago Craig.

Por mi parte, arranqué con Koljós, de Carrère y ya estoy enganchadísima con ese modo único que tiene para combinar varios entuertos familiares, la historia europea del siglo XX, el chisme, sus pequeñas y grandes rabietas y sus observaciones agudísimas. También estoy con la edición definitiva de Las fotos, de Inés Ulanovsky, un libro precioso que ahora llegó a través del sello Blatt & Ríos, con material nuevo. Por supuesto que hay mucho más. Por acá armé una especie de croquis con títulos, tapas, autores y editoriales.

La guía con las novedades editoriales de abril se puede leer acá. Y, en este enlace, un repaso por películas y series para ver por streaming este mes.

2. Festivales. Atravesamos los primeros días del otoño –por ahora sin frío– y con ellos se empiezan a asomar algunos encuentros y festivales literarios interesantes que se alejan de los circuitos tradicionales. Organizada por la librería Los Confines de Villa Ballester, este sábado 18 de abril, a partir de las 15, tendrá lugar en el Centro Cultural La Bemba una nueva edición de la Feria de Editoriales Artesanales (o, como dicen quienes suelen frecuentarla: la FEA más linda). Habrá stands con libros de 20 proyectos gráficos independientes y artesanales, ofertas, charlas y presentaciones de libros.

Algo que me pone contenta: voy a moderar allí una conversación entre las escritoras Agustina Bazterrica (hablé con ella hace un tiempito, cuando salió su novela Las indignas) y Pamela Terlizzi Prina. El asunto de la charla será el cuerpo. Si tienen ganas de darse una vuelta, por acá encuentran los detalles y por acá una guía muy simple para llegar desde Buenos Aires y otros puntos.

Otra linda iniciativa para salir por un rato de la ciudad: también el sábado, desde las 10 y hasta las 21, se llevará adelante Raizal, un festival “de naturaleza y arte”, según cuentan sus organizadores. Con entrada gratuita y co-producido por las mismas personas que están detrás del Filba, será en Chacra Las Delicias, Exaltación de la Cruz.

“Entre las más de 25 propuestas de actividades habrá una entrevista abierta con la escritora Gabriela Cabezón Cámara, a cargo de Damián Huergo, así como la conversación El llamado urgente de la naturaleza, en la que participarán Patricio Lo Greco, Guillermo Folguera y Natalia Mazzei. También tendremos un taller de haikus y una lectura de tankas coordinados por Alejandra Kamiya. La jornada incluirá además, una propuesta de meditación y escritura en vivo de Iosi Havilio, con acompañamiento musical de Josefina Tai, una cata de libros a cargo de Francisco González Táboas y un concierto íntimo de Loli Molina, que despedirá el festival”, adelantaron desde Raizal. Por acá pueden leer más información.

3. BAFICI. Esta semana comenzó el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, más conocido por todo el mundo como el BAFICI, que se llevará adelante en distintas sedes porteñas hasta el 26 de abril. Para quienes necesiten una guía sobre esta edición, los invitados, los homenajes y las películas destacadas comparto algunas lecturas. En esta nota de Tiempo Argentino pueden leer un panorama interesante que armó Diego Lerer.

Si están buscando reseñas de películas puntuales, por acá dejo el enlace a la selección que hizo Diego Batlle en su sitio especializado Otros cines. A lo largo del festival se irán actualizando, pero ya hay varias para leer y para escuchar en formato de podcast.

Por último, para quienes tengan ganas de buscar especialmente documentales, en la última edición del newsletter Línea documental de Juan Pablo Mansilla pueden encontrarse con una buena selección de material argentino y también en su cuenta de Letterboxd. Entre lo que pude pispear me dieron muchas ganas de ver Xul, de Cristián Costantini, una película que recorre la vida y la obra de Xul Solar, y Annemarie, de Mariana Sanguinetti, un “retrato del vínculo entre una bisnieta cineasta y su bisabuela, la fotógrafa Annemarie Heinrich”, según leí en el catálogo del BAFICI. Les dejo el tráiler, pinta muy bien.

4. El cuerpo de Perón, de Facundo Pastor. Un epígrafe siempre es una señal, un mojón que traza una dirección en la lectura. “Es un cuerpo demasiado grande, más grande que el país. Está demasiado lleno de cosas. Todos le hemos ido metiendo cosas. Todos le hemos ido metiendo algo adentro: la mierda, el odio, las ganas de matarlo de nuevo”. Con ese epígrafe que pertenece a Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, abre El cuerpo de Perón (Aguilar, 2026), el reciente libro del periodista Facundo Pastor.

La publicación, que en efecto busca abordar las disputas alrededor de una de las mayores figuras políticas del siglo XX en Argentina concentrándose en su cuerpo, comienza con los días finales de Perón rodeado de médicos y enfermeras en la Quinta de Olivos, sigue con su funeral multitudinario, se detiene en los vaivenes de sus restos que van de la residencia presidencial hasta la cripta familiar en Chacarita durante la dictadura, repasa el insólito episodio del robo de las manos del líder justicialista en los ‘80 y concluye con los disturbios durante el traslado final a la quinta de San Vicente en 2006.

Valiéndose de testimonios directos, de documentación exclusiva, de hallazgos en hemerotecas y de los recursos del llamado “periodismo narrativo”, Pastor ofrece una reconstrucción vívida, llena de detalles y de pequeñas escenas que intentan recrear un mundo de tensiones, de internas y de intrigas políticas que persisten hasta la actualidad.

Para hablar de este libro y también de periodismo, entrevisté a Facundo Pastor hace unos días. Pueden leer la nota en este enlace.

El cuerpo de Perón, de Facundo Pastor, salió por la editorial Aguilar. Más, en esta entrevista con el autor.

Banda sonora. “Hay una plaza de Chivilcoy en la que Luis Alberto Spinetta canta al comienzo de cada hora. Una idea que tuvo Diego Manusovich y de la que se contagiaron Agustín Valenciano y Guillermo Sólimo”, informa Alejo Santander, uno de los mejores periodistas de este país. A Alejo, con quien tuve la alegría de trabajar hace un tiempo, le pasa algo similar a lo me pasa a mí y que les conté alguna vez en este espacio: siempre está dándole vueltas a Chivilcoy, la tierra familiar, la ciudad del mito de origen.

En uno de esos regresos, Alejo encontró esa instalación musical que los vecinos dieron en llamar La nave de Spinetta y decidió contar cómo surgió la idea y cómo la llevaron adelante. Lo hizo en su canal de YouTube que se llama Historias desde el Polo Sur y es divino. Lo pueden ver por acá.

Por supuesto que después de conocer esta nave y su historia, me quedé escuchando varias canciones de Spinetta. Las sumé, claro, a nuestra lista compartida que, como siempre, encuentran en este enlace.

Posdata. Fueron varios los mensajitos que recibí en mis redes (ya saben, siempre estoy en esta esquina). Y también muy lindos los correos que me escribieron Marisa, Debora, Pau y Santiago. ¡Muchas gracias a todos!

Coda. Mencioné antes a Pamela Terlizzi Prina. Me despido con uno de sus poemas. Lleva como título Sobredosis, lo encuentran en su libro No cuentes pesadillas en ayunas (lo publicó Santos Locos Poesía y es una maravilla).

Atragantarse. Con lo que no sale, con lo que se oye,

con lo que se lee. Atragantarse y dejarse morir un poco,

pero milimétricamente, casi imperceptible. De un minuto

a otro, apenas apenitas un poquito más muerto y vos

ni noticias y yo ni noticias. Porque qué son los titulares

sino más muertes. Propias y de otros más o menos lúcidos,

que siguen trabajando y pariendo y poniendo la mesa

a las nueve, vamos, a dormir temprano, que mañana

se madruga.

¡Hasta la próxima!

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Ley de Glaciares: crónica de una judicialización anunciada

La reforma de la Ley de Glaciares no sólo reabrió un debate ambiental de alta sensibilidad: también inauguró, de forma inevitable, un ciclo de judicialización que expone debilidades estructurales en su validez constitucional y en su legitimidad democrática. Lejos de aportar previsibilidad, la norma se proyecta como fuente de conflictividad institucional, en tanto compromete el régimen de presupuestos mínimos ambientales, vulnera estándares de participación pública y se aparta de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

No se trata de una hipótesis especulativa. La judicialización ya ha comenzado a materializarse. La demanda promovida por la provincia de La Pampa –en defensa de los recursos hídricos compartidos– y la acción colectiva impulsada por organizaciones de la sociedad civil, que reúne cerca de un millón de adhesiones (convirtiéndose en la más importante de la historia), constituyen manifestaciones tempranas de un proceso que probablemente se profundice en los próximos meses. Ambas iniciativas, desde perspectivas distintas pero convergentes, cuestionan la constitucionalidad de la reforma y anticipan un escenario de litigiosidad compleja, con potencial intervención de la Corte Suprema.

El núcleo del problema reside en la alteración del artículo 41 de la Constitución Nacional. La reforma no eliminó formalmente el régimen de protección de glaciares, pero lo vacía de contenido al desarticular su carácter de presupuesto mínimo. El artículo 41 establece una arquitectura precisa, en cuanto a que corresponde a la Nación fijar estándares ambientales mínimos, mientras que las provincias pueden complementarlos sin reducirlos. Esta lógica –que estructura el federalismo ambiental argentino– es trastocada por una norma que, bajo la apariencia de flexibilidad, está habilitando la fragmentación del estándar protector.

La reforma sustituye un piso uniforme de protección por una multiplicidad de criterios potencialmente divergentes. Lo hace al delegar en las jurisdicciones locales la definición de los ambientes protegidos, condicionar la tutela a verificaciones administrativas y desvirtuar el carácter técnico-científico del Inventario Nacional de Glaciares, permitiendo remover del registro áreas previamente identificadas. El resultado no es un federalismo de concertación, sino un esquema de descentralización que habilita la reducción del nivel de protección ambiental.

Esta mutación normativa no es neutra desde el punto de vista constitucional. La Corte Suprema ha señalado que los presupuestos mínimos establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional configuran un piso uniforme de protección ambiental que las provincias pueden complementar pero no alterar, y que ninguna interpretación resulta constitucionalmente admisible si vacía de contenido ese esquema. En esa línea, la jurisprudencia ha afirmado que el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias no resulta incompatible con la potestad nacional de establecer límites ambientales generales. La reforma, sin embargo, invierte esta relación y debilita el núcleo operativo de la ley sancionada en 2010.

Esta cuestión adquiere particular relevancia a la luz del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esa cláusula, sin embargo, no puede ser interpretada en términos absolutos ni como una habilitación para adoptar decisiones que proyecten efectos negativos sobre otras jurisdicciones. En el caso de los sistemas glaciares y periglaciares, cuya dinámica excede los límites provinciales y alimenta cuencas interjurisdiccionales, el ejercicio de ese dominio debe armonizarse necesariamente con el régimen de presupuestos mínimos del artículo 41 y con los principios de cooperación y equidad federal. Admitir lo contrario implicaría convalidar que provincias ubicadas en zonas de nacientes puedan, en los hechos, comprometer la disponibilidad y calidad del agua de aquellas que dependen de esos sistemas hídricos, desnaturalizando así el carácter colectivo y compartido de un recurso estratégico.

A ello se suma un segundo eje de cuestionamiento: la vulneración de los estándares de participación pública. La audiencia pública convocada (con una participación masiva –más de 100.000 inscriptos– que evidencia el alto interés social comprometido) no logró garantizar condiciones efectivas de intervención. Limitaciones materiales, reglas cambiantes y criterios poco transparentes de selección de expositores afectaron el carácter sustantivo de la participación. En el derecho ambiental contemporáneo, la participación pública constituye un requisito de validez de las decisiones que pueden afectar el ambiente. Así lo establece la Ley General del Ambiente y, con mayor énfasis, el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar mecanismos abiertos, inclusivos y efectivos en procesos de toma de decisiones ambientales.

La reforma de la Ley de Glaciares se aparta de estos estándares en un contexto particularmente sensible: el de una norma que implica, objetivamente, una regresión en el nivel de tutela ambiental (violando el principio precautorio, el principio de no regresión y las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el marco del Acuerdo de Escazú). En tales casos, la exigencia de participación debe intensificarse. En esta situación, la ausencia de un proceso deliberativo robusto debilita la legitimidad política de la ley y refuerza los argumentos para su impugnación judicial.

Desde esta perspectiva, la invocación del Acuerdo de Escazú adquiere centralidad. Este instrumento, con jerarquía supralegal en el ordenamiento argentino, impone obligaciones concretas en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. La reforma cuestionada aparece difícilmente compatible con estas exigencias, tanto por las deficiencias del procedimiento como por sus efectos sustantivos.

En la misma línea, la reforma también resulta difícilmente compatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que establece que las partes no deben debilitar sus niveles de protección ambiental con el objeto de promover el comercio o la inversión. Introducir una flexibilización regresiva en un régimen de presupuestos mínimos ambientales expone al país a cuestionamientos en el plano internacional.

En este contexto, las acciones judiciales en curso no deben interpretarse como episodios aislados, sino como la manifestación de un problema estructural. Cuando una norma se sanciona con déficits de legitimidad, con fundamentos técnicos insuficientes y en tensión con el marco constitucional e internacional vigente, la judicialización se vuelve una consecuencia altamente esperable.

Paradójicamente, ello afecta uno de los objetivos que la propia reforma dice perseguir: la previsibilidad. Lejos de generar certezas, una ley expuesta a cuestionamientos constitucionales abre un escenario de incertidumbre regulatoria, con posibles medidas cautelares, suspensión de proyectos y redefiniciones judiciales del marco normativo. La experiencia comparada es clara en este punto: la seguridad jurídica no se construye debilitando estándares ambientales, sino consolidándolos sobre bases legítimas y estables.

En este punto, conviene despejar un supuesto implícito en el argumento oficial: que el régimen vigente constituía un obstáculo para el desarrollo de la actividad minera. La evidencia disponible muestra lo contrario. La minería en la Argentina ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años bajo la vigencia de la Ley de Glaciares, lo que indica que el marco normativo existente no sólo no impedía el desarrollo de la actividad, sino que lo hacía posible dentro de reglas claras y conocidas. 

La judicialización abre, en definitiva, un conjunto de interrogantes que la justicia deberá resolver. ¿Puede el Congreso reformular los presupuestos mínimos hasta el punto de volverlos dependientes de decisiones administrativas locales? ¿Es compatible con el artículo 41 una norma que habilita, en los hechos, la fragmentación del estándar de protección ambiental? ¿Dónde se traza el límite del dominio originario del artículo 124 cuando están en juego recursos hídricos interjurisdiccionales? ¿Puede una reforma regresiva en materia ambiental sostenerse frente a las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el marco del Acuerdo de Escazú y del Acuerdo Mercosur-Unión Europea?

De la respuesta a estas preguntas no depende sólo la validez de una ley, sino la dirección que asumirá el desarrollo en la Argentina: el futuro de las economías regionales, la reafirmación del modelo ambiental constitucional y el lugar que ocupará la cuestión ambiental como eje estructurante de ese desarrollo.

MG

Reforma laboral: el Gobierno apela a la Corte para frenar la suspensión judicial

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la disputa judicial por la reforma laboral al presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera directa y deje sin efecto la suspensión de artículos clave de la norma.

La estrategia oficial se canalizó a través de un “per saltum”, un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente a la Corte. Con esta herramienta, el Ejecutivo busca acelerar los tiempos en un conflicto que ya suma fallos contradictorios en distintos tribunales.

La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación de la Secretaría de Trabajo. El objetivo central es revertir la decisión judicial que frenó más de 80 artículos de la reforma laboral tras una demanda presentada por la CGT.

En ese sentido, el Gobierno solicitó que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la ley en todo el país. Para el Ejecutivo, ese fallo genera un escenario de incertidumbre jurídica que impacta en la implementación de políticas económicas.

Desde la Casa Rosada también plantearon objeciones sobre la competencia del tribunal que intervino en primera instancia. Según sostienen, un juzgado laboral no debería tener injerencia sobre una norma de alcance nacional, por lo que consideran necesario que el máximo tribunal unifique criterios.

El conflicto judicial se inscribe en una fuerte tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales, que cuestionan la constitucionalidad de varios puntos de la reforma. La intervención de la CGT fue clave para que la Justicia avanzara con la suspensión parcial de la ley a fines de marzo.

En este contexto, el futuro de la reforma laboral quedó atado a la definición que adopte la Corte Suprema. El tribunal deberá evaluar tanto la validez del recurso presentado como el fondo de la cuestión, en un expediente que combina implicancias jurídicas, políticas y económicas.

El Gobierno busca no solo acelerar los plazos judiciales, sino también recuperar la vigencia de una de sus principales iniciativas en materia económica. La resolución que adopte la Corte será determinante para definir el rumbo de la reforma y su impacto en el mercado laboral.

Con información de medios y agencias

JIB