Sargento Cristobal

Noticias de Salta

El paro en el PAMI pone en el centro de las críticas a Zamparolo, el hombre de confianza de Santiago Caputo

El paro de los médicos del PAMI que comenzó este lunes dejó de ser solo un reclamo sectorial para transformarse en un síntoma más visible de una crisis que se venía gestando puertas adentro del sistema hace tiempo. Mientras los profesionales de cabecera paralizan la atención en todo el país por 72 horas, en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado, la tensión expone una dinámica que ya no se limita a lo sanitario: también habla de cómo se toman hoy las decisiones dentro de la obra social más grande del país.

El conflicto con los médicos tiene un eje concreto. El esquema de cápitas fija un ingreso mensual de $2.100 por afiliado, en reemplazo del sistema mixto anterior. Según las asociaciones profesionales, eso implica una caída de hasta el 50% en los ingresos y obliga a aumentar el volumen de pacientes para sostener la actividad. “Es imposible”, repiten en el sector.

El delegado organizador de APPAMIA Córdoba, Atilio Rossi, detalló cómo funcionaba el sistema anterior y el impacto del cambio. “Nos pagaban a través de un sistema mixto, una mitad que era la cápita —945 pesos por paciente por mes— y otra parte que correspondía a consultas, aunque el PAMI solo reconocía el 40% de las que realizábamos”, explicó a Radio Mitre. “Si yo hacía 100 consultas, el PAMI me abonaba nada más que 40, que iban entre 6 y 10 mil pesos según el caso. Eso en un médico con 400 afiliados representaba aproximadamente un ingreso de 1.650.000 pesos”, ejemplificó.

El giro llegó de manera abrupta. “El PAMI tomó una medida intempestiva, retroactiva al 1 de abril, donde pasa de un sistema mixto a un sistema capitado, donde únicamente le va a pagar la cápita”, agregó Rossi, quien advirtió que el resultado ya empieza a verse, con turnos reprogramados, derivaciones restringidas y una sobrecarga que impacta directamente en la calidad de la atención.

Zamparolo, el apuntado

Pero detrás de ese esquema aparece un nombre que se repite en todas las conversaciones. Carlos Zamparolo, número dos del PAMI y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, es señalado por distintos actores del sistema como el principal responsable de la reconfiguración actual del organismo. Formalmente, responde a la conducción de Esteban Leguizamo. En la práctica, es quien concentra las decisiones más sensibles.

Las críticas apuntan, sobre todo, a un proceso de centralización. La Libertad Avanza redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Zamparolo. “Él controla el ecosistema de los proveedores del PAMI. Concentró todas las compras bajo su ala, decidiendo proveedores a conveniencia”, describen desde el sector. La lógica, agregan, no sería nueva. “De la misma manera que utilizó la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA) como caja para bancar políticamente a Rojo-Yacobitti, ahora lo hace con el PAMI”, sostienen al describir un entramado de poder que siempre encuentra manera de sobrevivir.

En ese escenario, el paro de 72 horas aparece menos como una medida excepcional que como la consecuencia de un esquema que empezó a tensionarse hasta el límite y que se proyecta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema. Prestadores médicos denuncian no solo la reducción del valor de las cápitas, sino también demoras en los pagos que afectan la cadena completa. “Además de bajarle el 50% el valor de la prestación, no les pagaron a ninguno”, sintetizan.

En paralelo, en el territorio empiezan a circular versiones que agravan el cuadro. El cierre del hospital de Hurlingham —o su reconversión operativa— es uno de los casos que más ruido generó en los últimos días. “Se lo entregaron a La Cámpora”, denuncian. El municipio, gobernado por Damián Selci, aparece en el centro de esas sospechas. Según esas versiones, parte del personal sería trasladado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, mientras que equipamiento médico sería derivado a otros centros como el Milstein. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero el clima interno se carga de interpretaciones.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre la Casa Rosada y el peronismo.

Es que detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizados que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

Gestos políticos

La conflictividad, además, ya desbordó al sistema médico. Jubilados comenzaron a movilizarse frente a la sede central del PAMI para reclamar por la falta de medicamentos e insumos, en una protesta que incluyó olla popular y que se proyecta hacia el Congreso. A eso se suma la presión política: en el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo pidió informes al Ejecutivo por la situación del organismo y advirtió sobre el impacto de los recortes en la cobertura.

En paralelo, la situación volvió a poner en cuestión la figura de Mario Lugones. En la última semana, el ministro de Salud quedó en el centro de versiones sobre una posible salida del cargo, tal como reveló elDiarioAR y luego fuera desmentido por la Oficina de Respuesta Oficial. Lugones participó de una reunión con su par de Economía, Luis Caputo, en la que no logró asegurar los fondos que reclamaba para sostener el funcionamiento del sistema. El encuentro, que en lo formal fue presentado como “productivo”, dejó sin embargo un saldo ambiguo, sin anuncios concretos y con la confirmación implícita de que el ajuste no se flexibilizará.

Con ese telón de fondo, Lugones buscó este lunes volver a mostrarse en escena. Lo hizo durante una recorrida por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde participó junto a Karina Milei de la inauguración de un laboratorio de máxima bioseguridad. La imagen funcionó como gesto político en medio de la tormenta. Una suerte de respaldo en público, mientras la crisis en el PAMI sigue sin una salida clara.

Nada parece haber cambiado. Por el contrario, la aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa que investiga supuestos sobornos en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como las iniciales del propio Zamparolo en una de sus páginas— funcionan como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Javier Milei había prometido erradicar.

En ese esquema, la figura de Zamparolo aparece como síntesis de una forma de gestión que privilegia la articulación política, al preservar esas dinámicas históricas puertas adentro del organismo. Por eso, mientras el conflicto escala, en los pasillos del PAMI empieza a instalarse la idea de que el problema no es solo el ajuste, sino quién administra sus efectos. Y quiénes son los que siempre se benefician.

PL/MG

Médicos del PAMI paran 72 horas por recortes y crece la presión de jubilados y el Congreso

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado, en una medida que expone la creciente tensión en el sistema de atención a jubilados. La protesta, convocada por APPAMIA con respaldo de AMRA, se inscribe en un conflicto más amplio que incluye movilizaciones de afiliados y reclamos en el Congreso.

El eje del reclamo es la fijación de una cápita de $2.100 mensuales por paciente, que reemplaza al sistema mixto anterior. Según los profesionales, el cambio implica una reducción de ingresos de hasta el 50% y altera las condiciones de trabajo.

La medida de fuerza –que se extenderá hasta el jueves– forma parte de un plan de lucha que incluye una movilización a la sede central del PAMI y la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado si no hay cambios.

Un esquema cuestionado

El nuevo modelo elimina el pago por consultas y establece un ingreso fijo por afiliado, independientemente de la cantidad de atenciones. Desde el sector advierten que esto obliga a incrementar la cantidad de pacientes para sostener ingresos.

Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias, un volumen que consideran “imposible” sin afectar la calidad de la atención.

“El cambio es arbitrario y deteriora las condiciones laborales”, señalaron desde las asociaciones médicas. También cuestionaron el aumento de exigencias administrativas, que –afirman– reduce el tiempo efectivo de atención.

En paralelo, los profesionales comenzaron a comunicar a sus pacientes restricciones operativas: reprogramación de turnos, limitaciones en derivaciones y recetas que, en su mayoría, deberán realizarse de forma presencial.

Jubilados en las calles

En este contexto, organizaciones de jubilados convocaron a una protesta frente a la sede central del PAMI, en Avenida Corrientes, para reclamar por la falta de medicamentos e insumos.

La convocatoria incluye una olla popular y una conferencia de prensa, y se enmarca en una serie de reclamos más amplios contra lo que definen como un “vaciamiento” del organismo.

“No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos”, señalaron en un comunicado, en el que también exigieron aumentos en los haberes y cuestionaron la gestión del sistema de salud para adultos mayores.

Tras la concentración, está prevista una marcha hacia el Congreso, en línea con las movilizaciones que el sector realiza semanalmente.

Reclamos en el Senado

La situación también escaló al plano legislativo. La senadora cordobesa Alejandra Vigo presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la situación del PAMI ante el corte de prestaciones médicas.

Además, impulsó un proyecto de declaración en el que expresa “profunda preocupación por el recorte y la falta de pago” que, según advirtió, está dejando sin cobertura a afiliados en distintas provincias.

El conflicto combina así tres niveles de presión simultáneos –profesionales de la salud, jubilados y el Congreso– sobre un sistema que atraviesa cuestionamientos por su funcionamiento, financiamiento y capacidad de respuesta.

El PAMI por dentro: un sistema en crisis donde el poder siempre encuentra la manera de sobrevivir

La escena se repite, casi cíclicamente. Cada crisis del PAMI esconde lo mismo: debajo de los nombres que se suceden en la superficie, persiste un entramado que atraviesa gobiernos, colores políticos y reformas administrativas. La semana que pasó, marcada por los rumores de salida de Mario Lugones del Ministerio de Salud —que el Gobierno se ocupó de desmentir—, volvió a poner en primer plano el estado crítico de la obra social más grande del país. Con sus seis millones de afiliados en vilo, la situación dejó al descubierto algo menos visible: la estructura de poder que logra sostenerse incluso cuando la olla parece estar a punto de explotar.

Ese mapa no es nuevo. Conviven en él capas que responden a lógicas distintas, al menos a simple vista. Por un lado, el poder permanente, con figuras que llevan décadas orbitando el organismo. Carlos Rojo es quizás el nombre más representativo de ese esquema. Médico formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), construyó desde allí una carrera que lo llevó a dirigir el PAMI entre 2005 y 2012 y a consolidarse como referente de la Asociación de Médicos Municipales.

Desde las sombras, Rojo tejió una alianza estratégica con el radical Emiliano Yacobitti que terminó por reconfigurar el equilibrio de poder en la UBA. Esa sociedad, que unió a la Facultad de Medicina con Económicas, fue clave para definir rectorados, desplazar hegemonías históricas y consolidar un esquema que todavía hoy ordena la política universitaria. Pero la influencia del tándem Rojo-Yacobitti excede largamente esos claustros. Con el tiempo, trascendió el ámbito académico y encontró en el PAMI un terreno fértil para proyectarse: la lógica de acuerdos cruzados entre espacios que en otros planos compiten se trasladó también al organismo.

Durante la actual gestión, la reestructuración interna desplazó a algunos nombres y redujo jerarquías, pero en ningún momento se puso en duda esa red. Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— está hoy al frente de la Subgerencia de Promoción Social, en una posición que, aunque con menor visibilidad que en etapas anteriores, conserva incidencia en el funcionamiento cotidiano del área.

Junto a Barrionuevo, otros cuadros vinculados a distintas líneas políticas permanecen en roles intermedios, muchas veces sin capacidad formal de decisión, pero con conocimiento del terreno y capacidad de supervivencia. En ese nivel, la lógica no es la confrontación abierta sino la convivencia forzada, atravesada por internas que terminan condicionando el funcionamiento cotidiano. “No hay línea para laburar nada… todo es así”, describió a elDiarioAR, resignado, un actor con conocimiento directo del organismo, en alusión a una dinámica que, lejos de ordenar, tiende a bloquear.

Sobre esa base se montó el nuevo esquema. La llegada de Javier Milei implicó una reorganización que redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Carlos Zamparolo. Formalmente, Zamparolo es el número dos del PAMI, por detrás de su titular, Esteban Leguizamo. Pero en la práctica es quien maneja la batuta. Proveniente de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), su desembarco en el organismo también se inscribe en la red de vínculos construida en torno al binomio Rojo-Yacobitti. Con llegada directa a Santiago Caputo, Zamparolo funciona como articulador entre ese entramado previo y el núcleo político del Gobierno, en un rol que combina gestión, control y negociación interna.

El lobby del Güemes

La presencia de Guido Giana como número dos del Ministerio de Salud tampoco es un dato aislado. Distintas fuentes lo ubican como la figura que concentra hoy el manejo cotidiano del área. Su relación con Lugones es tan funcional como íntima —“Para Mario es como un hijo”, dicen en su entorno—. Y su vínculo con el PAMI es directo: todo lo que pasa en el organismo termina, de una u otra forma, orbitando su despacho. No es la primera vez que ocupa un rol clave como funcionario. Durante el gobierno de Cambiemos se desempeñó como gerente económico-financiero de la obra social de los jubilados, una experiencia que lo conecta con su funcionamiento interno más allá de las gestiones. Incluso decisiones que se atribuyen al ministro muchas veces se procesan en otro nivel.

Esa centralidad de Giana no se explica solo por su posición formal. Su trayectoria está íntimamente ligada a la del propio Lugones. Ambos comparten origen en el Sanatorio Güemes, uno de los actores más relevantes del sistema de salud privado, donde confluyen negocios, política y gestión. Allí también se proyecta otro vínculo clave: el de Mario Lugones con Enrique “Coti” Nosiglia, histórico operador del radicalismo, con quien comparte intereses en lo privado. No es un dato menor: la trayectoria de Lugones está profundamente ligada al mundo de los prestadores. Desde su paso por el PAMI en los años noventa hasta su rol en la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL) y sus participaciones empresariales en el sector, su recorrido refleja una inserción sostenida en el negocio.

En ese ecosistema aparece otra figura que no ocupa cargos formales pero es mencionada de manera recurrente cuando se reconstruyen las decisiones sensibles del área: Rodrigo Lugones, hijo del ministro y socio de Santiago Caputo en la consultora Move Group. Con vínculos fluidos con el mundo de la salud privada, funciona como un articulador informal entre clínicas, financiadores y prestadores y el núcleo político del Gobierno. En distintos despachos lo describen como el verdadero “monje negro” de Caputo en Salud, alguien que no necesita firma para incidir en la dinámica del ministerio y, por extensión, en el PAMI.

El triángulo que conforman Giana, Zamparolo y el entorno de Santiago Caputo convive con el esquema histórico representado por Rojo y sus derivados. Pero el loteo no garantiza la armomía. Tanto Lugones como Giana desconfían del poder persistente del exdirector e intentaron, en distintos momentos, correr a su gente de posiciones clave. Pero la estructura resiste. Y en ese punto, Zamparolo aparece como una figura de equilibrio. Un mediador que permite que las tensiones no escalen a una ruptura abierta, aun cuando las diferencias se acumulan.

Entre la caja y los pactos

Sin embargo, está claro que el mecanismo no se sostiene solo por afinidades políticas o trayectorias compartidas. Menos por el encono. Descansa sobre un interés común que atraviesa a todos los actores involucrados: el negocio de la salud. En un sistema donde el volumen de recursos es constante y la demanda nunca desaparece, el PAMI funciona como un nodo estratégico. “La obra pública puede acabarse, pero la caja de la Salud no”, resumió, sin rodeos, una fuente con años de experiencia en el sector.

Esa lógica también se expresa en el modo en que se reorganiza hoy el sistema. En distintos niveles del PAMI empieza a consolidarse una dinámica de transferencia de recursos hacia el sector privado, con derivación de cápitas y contratos que reconfiguran el rol del Estado. Buena parte de esas decisiones se concentran en áreas técnicas menos visibles del organigrama. Un ejemplo es la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica (UGCPM), encargada de auditar contratos, negociar con laboratorios y definir qué medicamentos integran la cobertura.

Desde allí, su titular, el médico Alejandro Wittenberg, supervisa precios, autoriza licitaciones millonarias y establece relaciones con prestadores, en un esquema donde la capacidad de decisión se concentra en pocos actores. Pero su poder no se limitaría a eso. ¿Será cierto que Wittenberg acaba de dar la orden de empezar a ceder el manejo de hospitales del PAMI a municipios peronistas de la provincia de Buenos Aires? “Van a echar a todos los empleados”, denuncian desde el conurbano. Algunos hasta mencionan que la bajada estuvo acompañada de un pedido explícito: que se traslade el resonador del nosocomio de Hurlingham al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre sectores de La Libertad Avanza y el peronismo.

Es que La Cámpora seguiría teniendo presencia en el PAMI. Como figura fuerte se menciona a Roberto “Pampa” Armagno, exgerente de Prestaciones Médicas en tiempos de Alberto Fernández y operador territorial vinculado a Hurlingham. En ese mismo plano circula una denuncia más amplia: que durante la campaña municipal de 2023, cuando el organismo todavía era conducido por Luana Volnovich, se habrían utilizado recursos de hospitales del sistema para financiar candidaturas como la de Damián Selci. Nada que pase de los rumores.

Innacción y crisis

La superposición de capas tectónicas tiene efectos concretos en la gestión, especialmente en áreas sensibles como la social, históricamente uno de los ejes del PAMI. La falta de conducción clara se traduce en inacción: programas que dejan de ejecutarse, presupuestos que no se utilizan y equipos que operan sin una línea definida conviven con disputas internas entre subgerencias que responden a distintos espacios, según pudo saber elDiarioAR. “Parálisis total”, resumió una fuente, en una definición que se repite en distintos niveles del organismo.

El retroceso es visible en la desaparición práctica de los medicamentos gratuitos o los subsidios para afiliados, mientras la atención territorial —que supo ser una herramienta clave a la hora de la construcción política— hoy aparece desdibujada. “No se está haciendo nada”, graficaron desde adentro. En algunos casos, incluso, los recursos asignados no se ejecutan y terminan reasignándose, en un contexto donde decisiones como el corrimiento físico de equipos a sectores marginales del edificio de la calle Corrientes funcionan como un síntoma del lugar que hoy ocupa la política social en la agenda del Gobierno.

Los pasillos de la sede central del PAMI, en el centro porteño, tienen su propia lógica de poder. Designaciones como las de María Antonella Racunti al frente del Área de Participación e Inclusión Social; de Yamil Salerno como titular —en su momento— de Derecho y Ciudadanía, ahora jefe de división de la secretaria privada de la gerencia; o el ascenso de Lucas Catalín Malin a la jefatura de Gabinete del organismo, responden menos a trayectorias técnicas que a alineamientos políticos. Es la capa más visible del caputismo dentro del PAMI, con vínculos directos con la militancia digital y el círculo de confianza del asesor presidencial.

Racunti, militante libertaria de La Plata y parte de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), llegó al organismo tras la reestructuración que concentró las antiguas gerencias. Malin, por su parte, es hoy uno de los nombres con mayor peso en la estructura cotidiana. Desde la jefatura de Gabinete, actúa como ordenador interno del esquema que impulsa el oficialismo. A esa trama se sumó recientemente el karinista Juan Pablo Scalese, designado en diciembre pasado al frente del Departamento de Políticas Sociales. Economista y hombre de estrecha cercanía con Pilar Ramírez, su desembarco responde a la necesidad dela hermana del Presiente de construir presencia propia.

Mientras tanto, la crisis del organismo avanza por carriles cada vez más evidentes. Los prestadores reducen servicios y, en algunos casos, trasladan esa falta de liquidez a sus propios trabajadores. “La cadena de pagos está rota”, sintetizó una fuente al describir un esquema en el que las deudas del PAMI impactan directamente en clínicas, médicos y personal sanitario. Para este lunes está anunciado un paro de médicos de cabecera por 72 horas por rebaja del 55% de los honorarios. En distintas regiones del país, la atención se restringe a lo urgente y empiezan a aparecer señales de ruptura en el sistema.

Entre los cuadros más antiguos del organismo aparece, además, una lectura que atraviesa gestiones: la sensación de estar frente a un proceso conocido. La combinación de atraso en los pagos, reducción de personal, retiros voluntarios y retracción de políticas públicas remite, según esa mirada, a otros momentos de “vaciamiento” del PAMI, como el ocurrido en 2001, en los tiempos del interventor Raúl Pistorio. “Es como un déjà vu”, dicen quienes llevan décadas trajinando sus oficinas.

Ese deterioro, sin embargo, convive con una constante puertas adentro de la obra social con más afiliados de América Latina. Es su capacidad de adaptación. Aun en contextos de ajuste, reestructuración o crisis abierta, el PAMI encuentra la forma de seguir funcionando, sostenido por una trama de relaciones que excede a cualquier gestión. Cambian los nombres de los funcionarios que dan la cara, se reordenan las jerarquías según nuevos parámetros y se reconfiguran las alianzas. Pero las capas profundas y sus representantes permanecen, a costa de los negocios, aunque muchas veces la propia realidad se encargue de ponerlos en jaque.

PL/CRM

Lobby farmacéutico, presión de EE.UU. y miles de millones en juego: la pelea detrás del tratado de patentes que apura Milei

La Cámara de Diputados desactivó a última hora este lunes, sin nueva fecha, el plenario de comisiones que debía debatir este martes la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). El freno llegó en medio de una presión que en el Gobierno ya no disimulan: del uno al diez, el lobby farmacéutico está en diez, graficó una fuente libertaria al tanto de la discusión. En juego hay miles de millones de dólares.

El tratado lleva casi tres décadas esperando. El Senado lo aprobó en 1998 y la media sanción nunca llegó a votarse en Diputados –como es un tratado internacional, no pierde estado parlamentario ante cada renovación legislativa–. Pero ahora hay un reloj que corre: el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos el 5 de febrero –el ARTI– incluye el compromiso de remitirlo al Congreso antes del 30 de abril. Y el 30 de abril no es una fecha cualquiera. Es el día en que Washington publica su Informe 301, el ranking anual donde clasifica a los países según el nivel de protección a la propiedad intelectual. “Hace años y años estamos en la Priority Watch List”, admitió la misma fuente oficial, que tradujo sin eufemismos: “Es la categoría de los chicos malos del mundo”. Las conversaciones con Estados Unidos sobre la implementación del acuerdo son permanentes, agregó, y eso incluye también los compromisos recíprocos de la contraparte.

En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo. También alcanza a las semillas y agroquímicos. La medida impide la copia de fórmula por parte de terceros y protegería la innovación, aunque los laboratorios nacionales –así como la oposición– contraargumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.

Qué hay en juego

El PCT no es un tratado exclusivamente farmacéutico –abarca todo tipo de patentes– pero es en esa industria donde el choque de intereses es más concreto y más visible. La cámara CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentino), que agrupa a los laboratorios nacionales, puso sobre la mesa los números que justifican su resistencia: los ahorros generados por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares fueron estimados por por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en US$2.214 millones anuales a precios de septiembre de 2024, y si se suman los ahorros por nuevos lanzamientos o moléculas no incluidas en ese estudio, la cifra puede estimarse en 3.321 millones de dólares para 2025. Ese ahorro, argumentan, beneficia al Estado, las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes.

Para ilustrar el argumento, CILFA apela a casos concretos. La versión nacional del pembrolizumab –Keytruda, de MSD– se comercializa un 60,3% más barata que el original; la alternativa local de semaglutida –Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk– es un 63,5% más económica; y la versión argentina de nusinersen –Spinraza, de Biogen– tiene un precio un 45% menor. El caso más reciente y resonante es el de Keytruda: cuando el laboratorio Elea lanzó su biosimilar, Merck terminó ofertando un 49% menos que su cotización anterior en una licitación estatal. 

Del otro lado, las multinacionales argumentan que sin protección de patentes no hay incentivo para investigar. Y el Gobierno sostiene que un marco jurídico más predecible es condición necesaria para atraer inversión en I+D, justo un área que el propio Estado dejó de financiar.

El nudo: el Capítulo II y la reserva de Uruguay

El principal foco de tensión no es el tratado en su conjunto sino el Capítulo II, que habilita al INPI a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea. CILFA y su par Cooperala plantearon ante los diputados que la aprobación implicaría una cesión de soberanía en materia de patentabilidad.

Desde el Gobierno reconocen que la negociación con el sector es constante. Pero agregan un dato que complica el argumento: el INPI ya usa esos dictámenes hoy, sin estar adherido al tratado. Son opiniones no vinculantes ahora y seguirían siéndolo con el PCT. La situación práctica, sostienen, no cambiaría demasiado.

Lo que sí aclaran es que el margen de maniobra es estrecho. De los 158 países que integran el PCT, solo Uruguay formuló esa reserva al momento de adherirse, en enero de 2025. Y precisamente porque Uruguay la tiene, los laboratorios argentinos la reclaman ahora. Pero la evaluación oficial es que, a esta altura, la reserva tiene más valor simbólico que sustantivo. Y hay un problema adicional de orden jurídico: como la media sanción del Senado de 1998 no la incorporó, incluirla ahora sería complejo.

La propia CILFA, al pronunciarse sobre la derogación de las pautas de patentabilidad de 2012, dejó una señal de pragmatismo: reconoció y valoró la decisión del Gobierno de excluir la protección de datos de prueba y la extensión de plazos de patentes del ARTI, señalando que esas exclusiones contribuyen a mantener un ecosistema farmacéutico procompetitivo. En otras palabras: el sector sabe que el PCT es probable, y negocia los límites del daño.

Treinta años de demora

El PCT tiene 158 Estados Parte y es el mecanismo estándar para la protección internacional de invenciones. Argentina es, junto con Venezuela, el único país de América Latina fuera del sistema. Brasil integra el tratado desde 1978, México desde 1995, Colombia desde 2001, Chile desde 2009 y Uruguay desde enero de este año.

El Gobierno defiende la adhesión con datos de la propia OMPI: el CONICET y la red universitaria concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo el sistema PCT –una de las proporciones más altas de América Latina– y empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya presentan solicitudes desde oficinas receptoras en el exterior porque Argentina no tiene oficina propia. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, lo resumió ante los legisladores: “Hoy, un emprendedor o una universidad que quiere proteger su invención en el mundo tiene que hacerlo a través de Perú o Ginebra porque Argentina no tiene oficina receptora propia”, según consignó La Nación. 

Este martes iba a reunirse un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General, pero se pospuso por la presión subterránea de los laboratorios. En concreto, Cacace está de viaje en EE.UU. En el oficialismo no saben ahora cuándo será la fecha de reprogramación, pero para el Gobierno se agota el reloj de arena. 

MC

Diputados suspendió el debate por el tratado de patentes en medio de presiones cruzadas de laboratorios

La Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, previsto para este martes, en un contexto de tensión entre el Gobierno y los laboratorios nacionales. La iniciativa, vinculada al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, quedó por ahora sin fecha de debate.

Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la postergación fue solicitada por el Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria fue desconvocado sin reprogramación confirmada.

Desde esa cartera señalaron que el pedido se vincula con la ausencia del secretario Alejandro Cacace, quien participa en Estados Unidos de actividades sobre inteligencia artificial junto a legisladores.

Resistencia de la industria nacional

El principal obstáculo para la ratificación del acuerdo es el rechazo de los laboratorios locales, que cuestionan especialmente el capítulo II del tratado. Ese apartado fija condiciones sobre propiedad intelectual que, según advierten, podrían alterar el esquema vigente en el país.

La tensión se profundizó tras la decisión del presidente Javier Milei de derogar resoluciones de 2012 que establecían criterios de patentabilidad y favorecían la producción de medicamentos genéricos.

Las cámaras CILFA y Cooperala advirtieron ante Diputados que la aprobación implicaría “una cesión de soberanía” y dejaría sin efecto las guías aplicadas desde hace más de una década.

En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo.

Un margen de negociación acotado

Fuentes oficiales sostienen que Argentina no puede introducir cambios en el capítulo cuestionado. Argumentan que el país no formuló reservas al momento de adherir al tratado, por lo que debe aprobarse en su versión actual.

Los laboratorios nacionales defienden el esquema vigente, que permite producir versiones alternativas de medicamentos bajo ciertas condiciones y, según afirman, contribuye a precios más accesibles. En contraposición, empresas internacionales reclaman el reconocimiento de sus inversiones en investigación.

La disputa remite al debate por la ley de Patentes de los años 90, que también enfrentó a actores locales y extranjeros.

La defensa del Gobierno

El oficialismo sostiene que la adhesión facilitaría la inserción internacional del sistema científico y productivo. Afirma que empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya utilizan este sistema desde el exterior.

También destaca que el CONICET y universidades concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo ese esquema, una de las proporciones más altas de América Latina, y que la adhesión permitiría reducir costos administrativos.

Según el Gobierno, el tratado no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que podría fortalecerlo y abrir la posibilidad de que sea designado como autoridad internacional de examen preliminar, como ocurre en Brasil.