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Luego de romper con el cristinismo al convocar las legislativas provinciales el 7 de septiembre, el gobernador aceleró la organización de la jornada electoral. Lo inédito del operativo por la magnitud del territorio. Ayuda de Nación en seguridad, logística y recuento de votos. La foto conjunta que busca evitarse.
Axel Kicillof puso primera el lunes al anunciar el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses y ahora su gobierno apretó el acelerador para intentar que los comicios del 7 de septiembre –que cuestiona abiertamente el kirchnerismo– se desarrollen en tiempo y forma. Se trata de un desafío político inédito e histórico, porque nunca desde el retorno de la democracia la provincia de Buenos Aires separó su votación de la Nación. El territorio abarca a casi el 40% del padrón electoral: unas 13 millones de personas. Curiosamente, el gobernador tuvo que pedir ayuda al gobierno de Javier Milei.
El primer paso para la organización de las elecciones bonaerenses en conjunto con la Nación se concretó este jueves de paro de la CGT con una reunión de alto nivel en la Casa Rosada. El principal asesor de Kicillof, su ministro de gobierno, Carlos Bianco, visitó en su despacho al secretario del Interior de Milei, Lisandro Catalán, funcionario del riñón del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El cónclave fue confirmado a elDiarioAR por fuentes de ambos bandos.
Bianco y Catalán acordaron sobre el operativo de seguridad con el comando electoral de las fuerzas armadas y federales. Sin embargo, supo elDiarioAR, las conversaciones entre PBA y Nación van más allá y abarcan desde la dirección general del proceso electoral a cargo de un juez federal, la logística en manos del Correo Argentino y el procesamiento de datos provisorios y recuento de votos de la empresa Indra, habitual contratista para las elecciones.
Las gestiones y los contactos entre ambas administraciones se desarrollan en reserva desde el año pasado, sobre todo luego de que el Congreso sancionó el uso de la Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos nacionales. Como los cargos bonaerenses aún se eligen con la tradicional boleta sábana, Kicillof encontró ahí un argumento técnico para despegarse de la elección nacional y de paso revalidar el liderazgo en el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner.
El mandatario señaló el lunes que si los comicios fueran concurrentes –es decir, mismo día pero distinto método de votación, como quiere el kirchnerismo– cada persona tardaría unos 4 minutos para votar a nivel nacional –diputados– y bonaerense –legisladores y concejales municipales–. Se basó en un estudio al respecto que realizó la Dirección Provincial de Asuntos Electorales.
“Incluso en condiciones óptimas (que no se dan en ninguna mesa del conurbano) el tiempo promedio por votante para hacer ambas votaciones te deja afuera aproximadamente un 35% del electorado promedio en una legislativa para las 18hs con el cierre de la mesa”, apuntó una fuente que conoce el armado de las elecciones provinciales. Con un padrón de 14 millones, en la provincia se desplegarían unas 40.000 mesas en unos 7000 locales –en 2023 fueron 6600–. La mayor dificultad para la logística es en aquellos territorios más postergados del conurbano.
La idea de desdoblar las elecciones ya la tenía Kicillof desde hace al menos cinco meses. Había de hecho un borrador que le armaron en una de las intendencias del conurbano más afines a su postura para que terminara rompiendo con CFK, pudo reconstruir elDiarioAR. En el mientras tanto, el propio gobernador se encontró con sus propias limitaciones técnicas: por caso, la Junta Electoral bonaerense no está en condiciones de llevar adelante un proceso de elecciones porque apenas tiene 30 empleados. Salvo un plebiscito con miras a la reforma de la Constitución Provincial de 1990, ese organismo nunca llevó adelante un comicio. Por eso se buscó un acercamiento con el Juzgado Federal con competencia electoral N1, el de Alejo Ramos Padilla, que tiene a cargo unas 1200 personas ya con experiencia. “Ese mismo juzgado mediante convenio tiene que tomar las riendas de la elección desdoblada”, explicó la voz consultada.
Más allá de la discusión política, otra fuente técnica ajena a PBA pero muy involucrada en los procesos electorales nacionales cuestionó la avanzada de Kicillof por la magnitud del proceso para una provincia que nunca lo hizo de manera autónoma. “Una elección se prepara con más antelación, no cinco meses antes; Buenos Aires no tiene esa gimnasia”, señaló un importante exfuncionario de la Dirección Nacional Electoral (DINE) que pidió anonimato.
Un cálculo a grosso modo aventura que el costo para llevar adelante la elección del 7 de septiembre sería de unos $46 mil millones, sin tener en cuenta la posibilidad de una PASO –está definida para el 13 de julio pero aún la Legislatura no votó la suspensión–. Aún no hay cifras oficiales, pero un funcionario señaló que el comicio general “sería más barato que la elección pasada”. En 2023 la DINE gastó unos 100 mil millones en las tres elecciones para el operativo bonaerense de las PASO, generales y balotaje presidenciales.
“Hay que comprar materiales, definir la logística, el recuento provisorio, la seguridad y fijar reglas de financiamiento. Te ‘ahorrás’ todo eso si haces las elecciones junto con la nacional. Es una torta de guita para una provincia que está ajustada”, cuestionaron en una tribu kirchnerista. A su vez, en el axelismo se defendieron: “La opción de la concurrencia era aceptable si el objetivo político era que saliera mal el proceso electoral”.
La discusión técnica sobre sí elecciones concurrentes o desdobladas se planteó incluso en una resolución del propio juez Ramos Padilla del año pasado, donde alertaba sobre el complejo escenario electoral a partir de la sanción de la BUP a nivel nacional. Con cita y fecha en La Plata el 19 de diciembre pasado, el magistrado escribió: “El escenario de concurrencia, que implica la realización de las elecciones nacionales y provinciales en la misma fecha y con las mismas autoridades de mesa, una con BUP y la otra con boleta partidaria, introduce la complejidad que implicaría gestionar dos (2) sistemas de votación completamente diferentes”. Cuando aún no se había encaminado la suspensión de las PASO, también remarcó: “El desdoblamiento de las elecciones nacionales y provinciales podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires”.
Resolución: Evaluación de posibles escenarios elecciones 2025 by
Ante semejante panorama, en el gobierno de Kicillof prefirieron buscar una salida propia –a costa de romper con el kirchnerismo– que adherir a la BUP que logró sancionar el Gobierno con el apoyo de sus habituales aliados antiperonistas en el Congreso en octubre pasado. “La única manera de realmente sortear los desafíos técnicos que plantean era adherir el régimen de simultaneidad. Pero eso implicaba asumir la Boleta Única para categorías provinciales: políticamente no iba a caminar nunca”, planteó un funcionario a elDiarioAR.
Así fue como, a la estrategia política de recortarse del kirchnerismo, los equipos técnicos de Kicillof empezaron en reserva a organizar las elecciones desdobladas. Desde noviembre se abrió una mesa conjunta avalada tanto por el gobernador como por Francos encabezada por Bianco y Catalano, de la que también participan Javier Ricardo Milano, secretario de Provincias y Municipios de la Nación, y Giselle Castelnuovo, de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior.
“Muy buena reunión, predispuestos a ayudar en tema operativo con el comando electoral”, comentaron cerca de Francos hoy tras la reunión con Bianco. Básicamente se comenzó a definir cómo será el despliegue de las fuerzas federales y militares en el territorio de la provincia para custodiar las urnas y el día de la votación. Lo curioso es que ese convenio tendría que firmarse entre Kicillof y Milei pero, por el ruido político que tendría esa postal, se está buscando el atajo legal para que sea válido solo con las firmas de Bianco y Patricia Bullrich.
MC
La división de los gremios del transporte generó que la calle tuviera actividad similar a la de las jornadas de fin de semana, con actividades en funcionamiento parcial y otras totalmente paralizadas. La central obrera habla de un "ausentismo muy grande" en la mayoría de los sindicatos adheridos.
Con la decisión de la UTA de no sumarse al paro general convocado por la CGT para este jueves y los colectivos en la calle, mientras que el resto de los gremios del transporte (trenes, subtes, taxis, aviones) sí se plegaron, la medida de fuerza tuvo acatamientos dispares, con actividades en las que la huelga se siente con fuerza y otras que funcionan con normalidad.
Las voces que pudieron escucharse en las calles a través de las consultas de los medios de comunicación, mostraron también reacciones dispares, con gente que acuerda con la protesta de los gremios que representan a los trabajadores y considera “grave” la realidad salarial, pero con la “imposibilidad” de plegarse al paro por la necesidad de no perder la jornada laboral (o por temor a represalias de la patronal), y quienes se manifestaron en concordancia con el pensamiento del gobierno de Javier Milei y en contra de la dirigencia sindical.
Durante la jornada, en algunos sectores se vieron largas filas en las paradas de colectivos, único transporte público que desde el sindicato que los nuclea, la Unión tranviarios automotor (UTA), decidió continuar con el acatamiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo el pasado 27 de marzo y que está vigente hasta este viernes, con el objetivo de no trabar las negociaciones salariales en curso, además de los conflictos internos y las diferencias que existen entres las conducciones sindicales.
Si bien Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó que el paro “está siendo importante” y que desde varios sindicatos informaron que “hay un ausentismo muy grande” en la mayoría de los gremios adheridos, y que se vieron las estaciones de trenes y subtes desiertas, la calle tuvo movimiento, los comercios abrieron y trabajadores de distintos rubros no se plegaron a la medida de fuerza.
En tanto, en otros sectores, como los ferrocarriles, los subtes, los trabajadores aeronáuticos, camioneros, los servicios marítimos, la recolección de residuos, muchas oficinas públicas, los correos, los bancos estatales y las escuelas y universidades públicas, el acatamiento fue total.
En otros, como las insituciones educativas o bancos privados, las industrias, fábricas o los comercios, la situación fue dispar, atada a la posibilidad de trasladarse a los lugares de trabajo y a la decisión personal de adherir o no a la medida de la CGT.
La situación en el interior del país también es dispar, dependiendo de las actividades principales de cada distrito y la posibilidad de trasladarse a sus puestos de trabajo en medios de transporte.
El paro general de este jueves llega con una central obrera dividida, un oficialismo encerrado y un sistema político sin rumbo claro. La medida no define el conflicto, pero lo encarna. Y revela hasta dónde puede tensarse la gobernabilidad.
En Balcarce 50 nadie lo admite en público, pero el paro general de la CGT de este jueves 10 de abril empezó a hacer ruido antes de que se escucharan los primeros bombos. No por el número de gremios que adhieren, sino por el momento político en que aterriza: un gobierno golpeado por su propio vértigo, sin músculo parlamentario y con señales de fatiga en la calle, justo cuando la economía dejó de ser argumento y empezó a ser problema.
La huelga será la tercera contra Javier Milei en lo que va de su mandato, pero no se parece a las anteriores. Esta vez llegó con prólogo: una movilización al Congreso que tuvo lugar ayer por la tarde, con una marea sindical y social que se encolumnó detrás del reclamo de los jubilados por un aumento de emergencia. La CGT acompañó, pero no encabezó. Se sumó a un clima de protesta que desde hace semanas viene construyéndose desde abajo, con más convicción en las calles que en las cúpulas.
Lo que en otros tiempos podía leerse como una decisión estratégica, hoy aparece más bien como una reacción inevitable. Las consignas que circularon este miércoles frente al Congreso —paritarias libres, rechazo a los despidos, defensa de la educación y la salud pública, oposición al acuerdo con el FMI, que está a punto de formalizarse— anticipan el tono de una jornada que pondrá a prueba no sólo al sindicalismo, sino también a un Gobierno que empieza a sentir que el descontento dejó de ser marginal.
La clave, en el ajedrez oficialista, estuvo en el transporte. Desde hace días, operadores del oficialismo trabajaron en silencio para desactivar la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, cuyo impacto en el AMBA define buena parte del éxito o el fracaso de una huelga general. La jugada fue quirúrgica: la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresarias. Legalmente, el gremio no puede adherir al paro. Políticamente, se desinfla el efecto de la protesta.
El jefe de la UTA, Roberto Fernández, argumentó razones jurídicas. Pero en los pasillos gremiales y en las oficinas del Gobierno todos entienden que hay algo más: subsidios, auditorías sobre su obra social, presiones cruzadas. Su negativa a plegarse dejó expuesta una de las tensiones internas más agudas en la CGT, donde ya se oyen voces que hablan de sanciones. En las seccionales del interior, más combativas, hay intentos de ruptura. “Una cosa es el AMBA, otra el país”, dijeron en el entorno de un gremialista a elDiarioAR.
La central obrera llega al paro con grietas a la vista. No solo por la UTA. Los históricos Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Armando Cavalieri (Comercio) se mantuvieron al margen. Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN) se sumaron con reticencia. El camionero Hugo Moyano delegó la conducción formal en Octavio Argüello, su hombre en el triunvirato cegetista, pero luego moderó su discurso y cerró una paritaria a la baja. El impulso corrió por cuenta de Héctor Daer (Sanidad), flanqueado por Sergio Palazzo (Bancarios) y Juan Carlos Schmid, en lo que podría leerse como el comienzo de una reconfiguración del liderazgo sindical.
Pero la medida de fuerza no tendrá un impacto homogéneo. Los gremios aeronáuticos ya confirmaron su adhesión, al igual que los bancarios, los docentes, los portuarios y los camioneros. Habrá guardias mínimas en salud, administración pública paralizada, recolección de residuos interrumpida y una actividad comercial parcial, sobre todo en los barrios donde el transporte funcione. En el interior, la adhesión será más alta. Y en el AMBA, el funcionamiento de los colectivos terminará siendo el factor que incline la balanza.
Desde el vamos, el Gobierno buscó deslegitimar la protesta. En los últimos días, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de “paro ridículo” y acusó a los gremios de defender privilegios. Pero puertas adentro, la lectura es más compleja. En las últimas semanas, emisarios oficiales buscaron abrir canales de diálogo con algunos sindicatos. No encontraron eco. “Hay diálogo, pero no hay negociación”, dijo Daer. La línea libertaria es clara: no se negocia con quienes se considera parte del problema.
Lo que se juega este jueves, sin embargo, va más allá del paro en sí. No será una paralización total. Tampoco una jornada inocua. Será una postal política, con una CGT que intenta recuperar protagonismo en medio del vacío que dejó el PJ, con una sociedad que empieza a mostrar señales de hartazgo, y con un oficialismo que ya no puede confiar en el efecto novedad para justificar cada conflicto.
Milei llegó a la Casa Rosada con la promesa de dinamitar la “casta”. Pero en esa implosión arrastra también parte del entramado social que sostenía la gobernabilidad. La calle vuelve a aparecer, no como amenaza, sino como termómetro. Y cada vez que se llena, algo se vacía en el poder.
PL
La Federal impide que agrupaciones sociales suban al puente que conecta el sur del conurbano con la ciudad de Buenos Aires. Fuerte despliegue de efectivos ante militantes de La Dignidad.
El puente Pueyrredón se convirtió en un foco de tensión durante el paro general de la CGT de este jueves. Un fuerte despliegue de efectivos de fuerzas federales intentaba impedir esta mañana que agrupaciones sociales se manifiesten sobre el puente que conecta el sur del conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno recurrió a la Policía Federal para obturar el avance de militantes de La Dignidad sobre la calle Mitre, en Avellaneda, que buscaban profundizar con un piquete al tránsito la medida de huelga de la central obrera.
“La policía nos está amedrentando pero la convicción es estar aquí en el marco del paro general, marcando el camino para los movimientos populares. Le perdimos el miedo a la policía, a toda la política”, denunció ante los medios que tranmistían en vivo la situación del corto el referente de La Dignidad, Rafael Klejzer.
El jefe del operativo de la Federal, quien no se identificó públicamente, le exigió a los manifestantes que no prendan fuego neumáticos durante la protesta. “Nuestro objetivo es intentar cruzar, evidentemente no se pudo. Nos vamos a quedar acá. La política represiva de este gobierno intenta tapar el sol con las manos, pero cada vez se vive peor en la Argentina”, dijo Klejzer, que alertó sobre el despliegue de las fuerzas que conduce Patricia Bullrich en el marco de su protocolo antipiquetes: “Tememos un acto represivo”.
MC
"Hay una reacción de descontento, no alcanza para llegar a fin de mes. La gente se da cuenta. En 2025 bajó el consumo y estamos viendo que todos los salarios de todas las actividades están deteriorados", manifestó el secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez. También calificaron al paro como "total" desde ATE, La Fraternidad y gremios aeronáuticos.
Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que “el paro está siendo importante” y que desde varios sindicatos informaron que “hay un ausentismo muy grande” en la mayoría de los gremios adheridos.
El sindicalista, secretario general de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), explicó que la media surge porque “la gente la está pasando mal”, debido al plan de ajuste llevado adelante por la gestión del presidente Javier Milei, que se vino incrementando desde su asunción, en diciembre de 2023.
“Es la convicción de la gente lo que está pasando. Hay una reacción de descontento, donde no les alcanza para llegar a fin de mes. La gente se da cuenta. Ya es objetivo: en 2025 bajó el consumo y estamos viendo que todos los salarios de todas las actividades están deteriorados”, manifestó Rodríguez en declaraciones a Radio Rivadavia.
Por otra parte, y en referencia a las medidas que toman ciertos empleadores y empresas con respecto a los trabajadores que se adhirieron al paro, sostuvo que “es lamentable que les descuenten el día” porque “hay un derecho legal” que los ampara. Asimismo, indicó que “el paro se está notando” y que es importante “para hacer cambiar la política”.
Con respecto a la relación que tiene la CGT con el Gobierno Nacional, manifestaron que “las pocas veces” que los llamaron para una mesa de diálogo, “fueron con propuestas”, pero no recibieron “ninguna respuesta” a las inquietudes planteadas por la central; además justificaron el tiempo que esperaron para proponer un paro general.
“No nos quedamos quietos en ninguna situación. En otros momentos, tuvimos más oportunidad de negociación y ahora no y pareciera que la decisión de la CGT fue acertada. La idea es que, si el Gobierno tiene un sentido de generar una situación positiva, debería buscar un encuentro, una salida consensuada. Sería lo lógico”, señaló el secretario adjunto.
En otro orden, diferenció esta gestión con la del ex presidente Alberto Fernández debido a que había “otras condiciones” porque vivimos “dos años en cuarentena por la pandemia” y “la preocupación del país” estaba enfocada en otra prioridad.
“Hay 6 millones de empleados en actividad privada y 3 en la pública. En ese núcleo, estamos notando que la gran mayoría está acatando la medida de fuerza. Tanto el gobierno anterior como el de (Mauricio) Macri, fracasaron en el tema del subsidio, tendrían que haber generado una política de empleo. Este Gobierno está haciendo lo mismo pero peor porque está echando gente”, concluyó.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, consideró que en la medida de fuerza llevada a cabo por las centrales obreras, “hay total responsabilidad de la Casa Rosada”. “Los trabajadores no queremos parar, es la última instancia. Este gobierno no tiene al diálogo entre sus herramientas de gestión, solo entienden el lenguaje de la fuerza y yo ahora me entusiasmo, porque casi nos doblaban el brazo, pero empezamos a recuperarnos”, analizó.
Según Aguiar, desde la asociación que nuclea a los trabajadores del Estado, “no defendemos vagos, defendemos trabajadores que se esfuerzan todos los días y dan su vida para garantizar el funcionamiento del Estado”.
“Cada vez que se destruye un puesto de trabajo en el Estado se desmantela una política pública y se pierde un derecho. Desmantelaron el Servicio Meteorológico Nacional y no pudieron predecir la catástrofe de Bahía Blanca”, sentenció Aguiar en declaraciones a Radio La Red.
El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biro, afirmó esta mañana que en su gremio hay “un 100 por ciento de acatamiento” al paro de hoy de la CGT, y anticipó que la semana próxima habrá una medida de fuerza de 12 horas del sector aeronáutico.
“En pilotos hay un 100 por ciento de acatamiento en aeroparque y en Ezeiza no va a haber actividad en toda la jornada”, expresó el gremialista en declaraciones a Radio Splendid.
Biro explicó que “un paro general es una forma de interpelar al Gobierno, es una forma de decir que necesitamos respuestas, necesitamos mesas de diálogo, alguien se los tiene que decir”.
El dirigente de los pilotos sostuvo que el Gobierno “se hace autopropagada de la crueldad con la que ejecuta las políticas públicas y lastima a los sectores más débiles”
“En la Argentina hay ‘timba’ financiera mientras la industria se está cayendo a pedazos, publican números engañosos de la inflación, cuando los combustibles, la energía y los servicios públicos vuelan por el aire y los trabajadores con empleo formal no llegan a fin de mes”, manifestó.
En alusión al paro de hoy de 24 horas expresó que el reclamo de la CGT y las dos CTA “es genuino” y subrayó su deseo de que “el paro motive a que den algún tipo de solución” a los reclamos de los trabajadores.
Puntualizó que en el sector aeronáutico hoy hay “menos flota, despidos, achicamiento, cierre de sucursales, vaciamiento”, y ahora “que da ganancias, pedimos paritarias y nos dicen que después de Semana Santa hablaremos”.
“Por eso anunciamos para el día 16 de abril, antes de semana santa, un paro total de actividades por 12 horas. No puede ser que la máxima conducción de la compañía por un lado diga que hay ganancias y por otro no corrija los salarios que vienen degradados”, aseveró.
Agustín Special, vocero de La Fraternidad, el gremio que nuclea a los trabajadores de ferrocarriles, dijo este jueves que en lo que respecta a los trenes “el paro es total”.
Para el dirigente sindical, “la CGT al fin reaccionó y mandó a poner un freno a las políticas de este Gobierno”.
Special pidió que la huelga sea “contundente, porque la situación no está bien”, al tiempo que calificó a los mensajes que se escuchan y se ven en las pantallas de las terminales de ferrocarriles, difundidos por el Gobierno pidiendo a la población denunciar a “quienes extorsionen a los trabajadores” y llamando a “defender la República”, como “una vergüenza”. “Estamos defendiendo el salario de los trabajadores que no llegan a fin de mes. Que salga el Gobierno a querer mojar la oreja a los trabajadores me da vergüenza”, concluyó, en declaraciones a Telefe.
Con información de agencias.
IG