Valle Encantado

CRM

Denuncian a Bayer ante la OCDE por presuntas violaciones a los derechos humanos e impactos al medio ambiente

Seis organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Alemania, incluido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la católica alemana Misereor, presentaron este jueves una denuncia contra Bayer ante el Punto de Contacto Nacional alemán de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne países desarrollados y a otros que pretenden serlo. La acusación se refieren a cuatro casos específicos sobre presuntos impactos negativos del modelo agrícola de soja transgénica en las zonas donde la empresa alemana de medicamentos y agroquímicos comercializa sus productos, desde las semillas genéticamente modificadas hasta el herbicida glifosato.

“Desde que se fusionó con Monsanto en 2018, Bayer se ha convertido en un actor clave en el mercado mundial de pesticidas y semillas”, advirtió en un comunicado el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, según sus siglas en inglés), uno de los denunciantes junto con el CELS, Misereor, la brasileña Terra de Direitos (Tierra de Derechos), la paraguaya Base Investigaciones Sociales (Base-IS) y la boliviana Fundación Tierra. “En América del Sur, hogar de los diez mayores productores de soja del mundo, el grupo se beneficia del constante aumento del uso agrícola para el cultivo de soja y genera millones en ventas gracias a la venta de pesticidas tóxicos a base de glifosato y semillas de soja genéticamente modificadas que son resistentes a ellos. El modelo agrícola de Bayer provoca graves impactos ambientales y violaciones de los derechos humanos de las poblaciones locales, en particular de las comunidades indígenas y rurales: se talan bosques para dar paso a plantaciones de soja, se amenaza el suministro de alimentos, se contamina el agua potable y se exacerban los conflictos por la tierra”, añadió el ECCHR.

“Al violar su deber de diligencia en la venta de semillas de soja y pesticidas tóxicos, Bayer ignora las directrices de la OCDE para empresas multinacionales y contribuye a los efectos negativos en los cuatro países latinoamericanos”, se refiere la denuncia al impacto en la Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. “Según las directrices de la OCDE, se espera que las empresas respeten los derechos humanos internacionalmente reconocidos y el medio ambiente en sus cadenas de valor globales. Esto incluye garantizar que no contribuyan a impactos negativos sobre el derecho a la salud, la alimentación, la tierra y un medio ambiente sano”, añaden las denunciantes.

Las organizaciones llaman a Bayer “a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia para prevenir y mitigar violaciones de derechos humanos e impactos ambientales negativos asociados a la distribución y uso de sus productos en los cuatro países”. Además, argumentan que la empresa debería hacer reparaciones en los casos en los que contribuyó a impactos negativos reales. Por ejemplo, la abogada Silvia Rojas, del ECCHR, propuso que Bayer no sólo adopte protocolos de aplicación del glifosato teniendo en cuenta la salud de los aplicadores sino también la de las poblaciones aledañas a las fumigaciones, que sufren enfermedades, además de la mortandad de sus animales y plantas. Rojas habló de incluir advertencias en el etiquetado del producto y de que los distribuidores del herbicida controles que se respeten las distancias mínimas de aplicación.

Rojas explicó que buscan que la OCDE abran un proceso de mediación entre las organizaciones y Bayer para “corregir políticas y reparar impactos”, y que este caso sirva de ejemplo para que las competidoras de la firma alemana –entre ellas figuran Basf, Syngenta, Corteva y Dow– también cambien sus conductas. “El Punto de Contacto Nacional alemán de la OCDE tiene tres meses para decidir sobre la admisibilidad de la denuncia y apoyar así la mediación entre los afectados y la empresa. Las organizaciones esperan que Bayer responda a la denuncia y participe activamente en la resolución de los problemas”, afirmó el ECCHR.

“La tierra es el principal recurso para el cultivo intensivo de soja en la región, lo que lleva a una creciente expansión hacia las comunidades indígenas y rurales y exacerba los conflictos socioterritoriales”, sostiene el centro europeo. “Esto no solo amenaza su forma de vida tradicional, sino que también limita su derecho a la autodeterminación sobre los sistemas alimentarios y crea riesgos e impactos peligrosos para la salud en toda la región. Además, el cultivo de soja está vinculado a la deforestación y degradación de algunos de los ecosistemas más importantes del mundo en la región, como la Mata Atlántica, el Gran Chaco y la Chiquitania. En este contexto, este modelo agrícola no sólo compromete el derecho de las comunidades locales a un medio ambiente saludable, sino que también amenaza la capacidad de los ecosistemas naturales para adaptarse al cambio climático.”

Los denunciantes citan una guía de la OCDE y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, según sus siglas en inglés) sobre cadenas de suministro agrícolas responsables y otro manual de ambas entidades sobre diligencia debida y deforestación en las cadenas de suministro que obligan a empresas como Bayer a “una mayor diligencia debida para garantizar que sus productos no estén asociados con impactos negativos reales o potenciales”. En 2016, el ECCHR se ocupa de las violaciones en la distribución global de pesticidas apoyando demandas civiles interpuestas por los afectados en Yavatmal, en el centro de India , y ha presentado una denuncia ante la OCDE contra la suiza Syngenta junto con los afectados y otras organizaciones de la sociedad civil. También presentó una denuncia contra Bayer ante el Servicio de Protección Vegetal de la Cámara de Agricultura del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia por violaciones de las normas de exportación en relación con la venta de pesticidas en India.

Agua contaminada en Pergamino

Una abogada del CELS, María José Venancio, expuso presuntos impactos directos de los productos de Bayer: “El cultivo a gran escala de soja transgénica es el segundo mayor factor de deforestación tropical en el mundo. En el Cono Sur, entre 2001 y 2015 la soja avanzó sobre casi 4 millones de hectáreas de bosque, deforestación directa, y tuvo un impacto indirecto otras 4 millones de hectáreas, deforestación indirecta”. También advirtió que “el uso excesivo de los pesticidas, la falta de respeto de los límites legales de fumigación y la mala gestión de los envases químicos que los transportan generan filtraciones directas en el suelo y los pozos de agua de uso comunitario” y puso un ejemplo argentino: “En Pergamino, dos estudios detectaron la presencia de agroquímicos en el agua y concluyeron que tomar esa agua, usarla para cocinar o para bañarse era un riesgo muy grande para la salud. Ante estos resultados la Justicia ordenó al Estado local distribuir agua mineral a las comunidades más expuestas a las fumigaciones”.

Dolor de estómago, vómitos, picores, llagas, diarrea y hasta fiebre son los síntomas “que mencionan las personas que sufren la exposición directa a los productos químicos, por fumigaciones que ocurren directamente al lado de viviendas y escuelas”, según Venancio. “También se han registrado casos de enfermedades crónicas y muertes por intoxicación. En Pergamino, hasta que una medida cautelar estableció una zona de amortiguación de 1.000 metros, las fumigaciones se realizaban de manera indiscriminada: en temporada de siembra se realizaban diariamente tanto por tierra con mochilas, a través de maquinarias agrícolas fumigadoras, y con aviones, sin tener en cuenta el viento. Esto generó alergias y afecciones respiratorias, presencia de quistes en los huesos, ganglios agrandados, entre otros. Los estudios médicos confirman la relación entre estos problemas de salud y la exposición a los plaguicidas encontrados.” 

“Las zonas líderes en la producción de soja en Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina se caracterizan por la presencia de conflictos en los que se disputan los derechos de tenencia de la tierra”, continuó la abogada del CELS.

“Las comunidades rurales, incluidas las presentadas en esta instancia, sufren desalojos ilegales, ataques armados, envenenamiento por fumigaciones intensivas o ilegales y criminalización por parte de los productores de soja. En cuanto a las comunidades indígenas y campesinas, cabe señalar que su situación está marcada por una extrema vulnerabilidad. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas tienen una relación tradicional y espiritual con su tierra y su territorio que presupone el acceso a territorios de tamaño suficiente para alimentar la población y mantener esa relación con la tierra, expresión de su derecho a la vida y a la autodeterminación. Sin embargo, los estados conceden poca o ninguna protección a su modo de vida tradicional, incluso en la concesión de títulos de propiedad. En este contexto, el sector agroindustrial suele estar relacionado con una fuerte presión sobre estos territorios. En consecuencia, las comunidades de los estudios de caso se ven invadidas por grandes extensiones de soja y sus territorios son demasiado pequeños para permitir unas condiciones dignas y respetuosas con su estilo de vida tradicional. Ante esta situación, las organizaciones campesinas e indígenas han iniciado denuncias y procesos de reivindicación de sus derechos territoriales. Los terratenientes y el sector agroindustrial responden a esta demanda de respeto a sus derechos con intimidación, criminalización y agresiones físicas contra la población. En Argentina, por ejemplo, los productores rurales han sido acusados de denuncias penales por fumigaciones infligiendo amenazas, daños y hostigamiento contra las víctimas de las fumigaciones”, alertó Venancio.

“También hay un gran impacto en la cuestión de la soberanía alimentaria”, prosiguió la abogada del CELS en rueda de prensa desde Alemania. “Un aspecto central es la destrucción de cultivos, incluidos los de subsistencia, que no utilizan pesticidas ni semillas transgénicas. Las intensas fumigaciones aéreas y terrestres con glifosato en zonas vecinas destruyen así los cultivos de subsistencia de las comunidades cercanas, limitando aún más su acceso a los alimentos. También hay varios registros de muertes de animales, como pollos y peces. Además, la reducción de la biodiversidad en términos de árboles frutales, polinizadores y otros debido a la exposición directa a los pesticidas agrava la inaccesibilidad de los alimentos. Los otros impactos ya enumerados de la deforestación, la contaminación del aire, el suelo y el agua también repercuten directamente en el derecho a una alimentación adecuada. En casos más graves, el uso de pesticidas como una forma de arma química en los conflictos por la tierra contra las comunidades también causa daños aún mayores a sus cultivos y animales. El monocultivo extensivo también reduce la fertilidad del suelo y aumenta el peligro de erosión no sólo en los campos de soja, sino también en las zonas circundantes, por ejemplo en los territorios indígenas y campesinos. En estas zonas hay que importar alimentos, lo que aumenta los precios y la accesibilidad a una variedad de alimentos que afecta especialmente a las comunidades que no pueden depender suficientemente de la agricultura de subsistencia.”

La respuesta de Bayer

Bayer respondió a la denuncia, a pedido de elDiarioAR: “La seguridad de nuestros productos siempre es nuestra máxima prioridad. En numerosos estudios de seguridad y aprobación de nuestros productos, podemos demostrar sobre la base de sólidos hallazgos científicos que nuestros productos son seguros cuando se utilizan de acuerdo con las instrucciones de aplicación y que ni las personas ni el medio ambiente están expuestos a riesgos”. Es decir, todo depende de su modo de uso. “Nuestros productos químicos y biológicos para la protección de cultivos son sometidos a pruebas exhaustivas en la fase inicial de desarrollo para determinar su modo de acción, sus propiedades toxicológicas y la extensión de posibles residuos en las plantas y en el medio ambiente. Las aprobaciones oficiales están reguladas por numerosas leyes y regulaciones internacionales y nacionales. Los estudios de seguridad para la aprobación de productos para la protección de cultivos se basan en las estrictas directrices internacionales de la OCDE. Nuestros criterios de seguridad internos son a menudo incluso más estrictos que los requisitos legales. Además, acompañamos el uso de nuestros productos con extensas medidas de gestión. Para ello, realizamos cada año numerosos cursos de formación en todo el mundo. En 2023, alcanzamos a casi 5,3 millones de agricultores, incluidos casi 4 millones de agricultores pequeños. Nos enfocamos en la capacitación en países donde no se requiere certificación oficial para los agricultores sobre el uso seguro de productos para la protección de cultivos. Solo en América Latina, alcanzamos a 300.000 agricultores con capacitaciones el año pasado. Si recibimos información que indique un uso indebido, seguimos consistentemente estos informes”, añade la empresa alemana. El problema que plantean los denunciantes es que se capaciten a los aplicadores para que no dañen a terceros.

“No tenemos conocimiento de los presuntos incidentes en Paraguay, Argentina y Brasil”, señaló Bayer. “La descripción del caso no coincide con el producto y el perfil de seguridad del glifosato, que es uno de los productos de protección de cultivos más investigados del mundo. Durante muchos años, los científicos de las principales autoridades sanitarias y regulatorias a nivel global han concluido repetidamente en sus revisiones regulares que el glifosato es seguro y no cancerígeno cuando se utiliza correctamente, incluidos los organismos reguladores en EE UU, la UE, Australia, Corea, Canadá, Nueva Zelanda y Japón. La Comisión Europea acaba de prorrogar la aprobación del glifosato por diez años a finales de 2023. Con más de 180.000 páginas, el expediente científico para la reautorización fue el más extenso jamás presentado. El expediente incluyó 1.500 estudios y la evaluación de más de 12.000 artículos científicos en términos de la relevancia y confiabilidad de sus datos. Al analizar los efectos del glifosato en la salud humana y animal y en el medio ambiente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, según sus siglas en inglés) no identificó áreas problemáticas críticas, después de que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, según sus siglas en inglés) ya hubiera concluido que el glifosato no es carcinogénico, mutagénico o reprotóxico.Las autoridades estatales pertinentes son responsables del marco agrícola en sus países. La consolidación de la agricultura es un proceso global y es completamente independiente de las semillas genéticamente modificadas. También hemos estado observando este fenómeno durante décadas en Europa, donde las semillas genéticamente modificadas no están aprobadas”, completó la compañía alemana.

AR/MG

El colapso no es solo ambiental sino también democrático

Aunque soy ecologista, estoy lejos de pensar que el colapso de las sociedades es o sólo puede ser ambiental. En realidad, si miramos con perspectiva histórica, la desaparición de determinadas sociedades no refleja solamente causas climáticas o ecológicas, como la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad, la mala gestión del agua, entre otros factores, hoy agravados por el extractivismo y la crisis climática, así como por la gran escala de los fenómenos. El colapso involucra también factores determinantes de orden político y geopolítico. 

Autores como el ya fallecido español Ramón Fernández Durán, cofundador de Ecologistas en Acción (quien dejó una gran obra que analiza el rol de la energía en el declive del capitalismo global) incluyen, además de los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, una fuerte erosión del sistema democrático y la tendencia a la refeudalización de las sociedades, en el marco de una clima de guerra.

De hecho, hoy está de moda hablar de policrisis para caracterizar el momento postpandémico, en el cual se entrecruzan crisis múltiples, desde la crisis social vinculada al aumento de las desigualdades, la aceleración de la crisis climática, la crisis energética, la escalada de la guerra a nivel global y, por supuesto, la expansión de las extremas derechas, de fuerte vocación anti-igualitaria y antidemocrática. Asimismo suele decirse que la policrisis civilizatoria podría adquirir rasgos de “tormenta perfecta”, en la medida en que estas dimensiones tienden a superponerse y potenciarse, generando escenarios de mayor incertidumbre, incluso de (auto)destrucción política a gran escala. Así que, a la hora actual, las sociedades no solo se encaminan conscientemente al ecocidio, sino antes que nada, al suicidio político de sus instituciones democráticas. 

En Argentina, el triunfo de Javier Milei y los primeros meses de su gobierno nos han instalado de modo hiperbólico en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Nada mejor que recordar el libro “Cómo mueren las democracias”, escrito en 2018, en el cual S.Levitsky y D. Ziblatt, impulsados por el caso de Donald Trump, desarrollan cuatro indicadores de un comportamiento autoritario. Según los autores, el hecho de incurrir en uno solo de ellos, colocaría ya a un gobierno en la vía del autoritarismo. Sin embargo, en sólo cuatro meses Milei cumple acabadamente con los cuatro puntos, y pretende avanzar a pasos acelerados hacia un modelo autocrático.

El primer indicador se refiere al “rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas de juego”. Así, la escasa vocación republicana del nuevo presidente arrancó con el inconstitucional DNU (todavía vigente) y en la fracasada Ley Ómnibus; se hizo visible en el trato violento y despectivo hacia el Congreso Nacional (al que ha tratado de “nido de ratas”); También lo reflejan sus declaraciones previas acerca de si cree o no en el régimen democrático. Como otras extremas derechas hoy en boga, Milei dice creer en la libertad (a la que entiende como “libertad individual”, sobre la base de mercados libres y propiedad privada), pero no en la democracia (que en su formato constitucional requiere el equilibrio de poderes y de una mirada colectiva de la sociedad basada en el bien común).

El segundo indicador alude a la “negación de la legitimidad de los adversarios políticos”. En esto Milei ha dado más que pruebas suficientes, a través del insulto y la agresión reiterada. En el plano nacional, los adversarios políticos son tratados de “delincuentes”, “traidores”, “corruptos” y “extorsionadores”. En el plano internacional, tampoco ha ahorrado calificativos: se ha referido  a Gustavo Petro de Colombia como “asesino” y “terrorista”, y durante la campaña electoral había tildado a Lula da Silva de “corrupto” y “ladrón”. 

El tercero refiere a la “Tolerancia y /o fomento de la violencia”. Dicha intolerancia se manifiesta en una tendencia a la obscenidad serial, muy particularmente a través del uso de las redes sociales, en las que Milei invierte horas de su trabajo presidencial. Con estupor, hemos visto como repostea publicaciones vulgares y violentas contra gobernadores (como sucedió con el de Chubut, Ignacio Torres), o como en reuniones dejaba trascender la promesa de “mear a todos” los gobernadores, si no aprobaban su paquete de leyes. Hemos asistido al ensañamiento con algunos artistas (Lali Espósito) y en general para con todo aquel/la y que tenga cierta visibilidad pública y que critique o se atreva a discrepar con algunos de sus dichos o medidas.

El último indicador se refiere a la “predisposición a restringir libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación”. En aras de ser expeditiva, enumero aquí solo dos elementos: uno, el alarmante dispositivo represivo puesto en marcha a nivel nacional para disuadir o no permitir movilizaciones sociales opositoras, de la mano de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El llamado “protocolo antipiquetes” ha sido cuestionado por la totalidad de los organismos de Derechos Humanos, y ha generado en marzo de este año pedidos de informe de la OEA –y la CIDH– en relación “a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, así como por “las constantes agresiones a periodistas y obstáculos a la cobertura periodística”. Dos, los desaforados insultos a periodistas o medios que se atrevan a cuestionar mínimamente al presidente y sus políticas, más allá de cual sea la filiación político-ideológica. Lo escuchamos hablar con frecuencia de “periodistas ensobrados” (que cobran coimas), pese a lo cual no ha hecho ninguna denuncia judicial. Recientemente calificó el espacio periodístico como “corrompido, ensuciado, prostituido”; acusándolo de ejercer “la extorsión, la mentira, la difamación y la calumnia”. En fin, ya son más de veinte los periodistas de relieve nacional que han sufrido sus ataques de ira y vulgaridad.

Todo ello sin mencionar que en tan sólo cuatro meses Milei implementó una brutal política de ajuste económico neoliberal que potencia el fenómeno de la pobreza y la exclusión; que su política se encamina no solo a reducir sino decididamente a destruir la capacidad reguladora del Estado; y que su ataque virulento contra la educación pública, la ciencia y la cultura constituye un primer paso en la tarea de disciplinamiento de la sociedad. 

Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Sin embargo, este inventario rápido que acabo de hacer, está lejos de ser secreto o clandestino; al contrario, opera a plena luz del día, con grandilocuencia y crueldad, frente a la sorpresa muchos, pero también de cara a la complicidad y el silencio de otros tantos. En este punto,  poco vale responsabilizar a la gestión anterior o al conjunto de las anteriores administraciones. Ningún fracaso político-económico anterior ni tampoco las disfunciones o problemas que pudiera tener el Estado argentino en sus diferentes facetas –político, social, de derechos humanos, cultural, educativo, sanitario, entre tantos otros- justifican la actual liquidación del legado democrático, que hoy el gobierno de Milei viene realizando con una brutalidad desenfrenada. 

Este es el punto que quisiera subrayar para cerrar este artículo. Las democracias no sólo se quiebran porque una sociedad harta de frustraciones decide votar a un presidente de abierta vocación autoritaria, y éste avanza sobre las instituciones. Las democracias mueren porque cuentan con la anuencia y complicidad de una parte importante del arco político- partidario; que en este caso involucra a las fuerzas de centroderecha y derecha; esas mismas fuerzas que hasta hace poco se consideraban a sí mismas como parte del campo democrático y republicano. Y que jamás hubieran permitido a un gobierno opositor ni el diez por ciento de los atropellos institucionales que a gran escala  está llevando a cabo Javier Milei. La centroderecha y la derecha argentina, que hoy están siendo absorbidas aceleradamente por la extrema derecha antidemocrática, son  corresponsables de esta tragedia mayor que estamos viviendo como país.  

En suma, los indicadores que proponen Levistky y Zibaltt para leer el quiebre de las democracias, son ante todo un mensaje-recordatorio que deberían tener en cuenta el conjunto de las fuerzas políticas argentinas que aun hoy se siguen diciendo y considerando democráticas.

MS/DTC